La Comisión Europea ha afirmado que no está al tanto de ninguna petición del Gobierno canario para ser autorizado a exigir la contratación de residentes canarios en concursos públicos, pero que, en todo caso, se debe analizar cada caso individualmente para evitar discriminaciones.

Así lo indica el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, en una respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado canario Gabriel Mato (PPE).

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias indicó a principios de julio que la UE había admitido, después de reiteradas peticiones del Gobierno de Canarias, que las administraciones públicas podían exigir la contratación de trabajadores residentes en las Islas a las empresas adjudicatarias de concursos públicos.

También afirmó que, con esta autorización, Bruselas entiende que este requisito no produce discriminación alguna al tiempo que favorece al mercado laboral propio en las regiones ultraperiféricas.

La CE ha informado ahora a Mato que "no está al tanto de ninguna petición por parte del Gobierno de Canarias para ser autorizado a exigir la contratación de residentes de las Islas por parte de empresas adjudicatarias de contratos públicos".

La comunicación de la CE del 20 de junio sobre las regiones ultraperiféricas de la UE estipula que "las autoridades contratantes (...) pueden exigir la contratación de mano de obra local por parte de las empresas adjudicatarias de contratos públicos, siempre y cuando no exista discriminación directa o indirecta con respecto a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se prevengan y eviten conflictos de intereses", ha recordado Barnier.

Esa comunicación reconoce la situación específica de las regiones ultraperiféricas, "que puede tenerse en cuenta en las licitaciones, pero sin afectar las libertades básicas y el buen funcionamiento del mercado interior", apuntaló.

Por esta razón, las autoridades contratantes en las regiones ultraperiféricas "no pueden interpretar el párrafo anteriormente citado como un permiso general para exigir en sus licitaciones la contratación de mano de obra local para la ejecución de sus contratos públicos", explica el comisario europeo.

De hecho, deben "evaluar cuidadosamente sobre una base caso por caso si las exigencias laborales específicas que contemplan podrían crear cualquier discriminación directa o indirecta", recalca.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, calificó en una nota de prensa del 9 de julio como "muy positiva" la autorización de Bruselas por la que se podrá primar el empleo local en las licitaciones públicas y añadió que se trata de un importante acuerdo "que mejorará las perspectivas de trabajo de los residentes canarios".

El consejero destacó que uno de los argumentos esgrimidos ante la Comisión Europea ha sido que la alta tasa de paro en Canarias no solo es consecuencia de la destrucción de empleo sino, además, del gran número de activos extranjeros que llegan a las Islas con el fin de incorporarse a la actividad laboral.

La debilidad del mercado de trabajo local y el mayor impacto que la crisis económica está teniendo en Canarias y en el resto de las regiones ultraperiféricas fueron aspectos valorados por la Comisión para acceder a esta petición que no comporta la vulneración del tratado comunitario, sostuvo entonces el consejero.