La realidad suele ser tozuda. Y de ello puede dar sobrado ejemplo el Gobierno de Canarias, sobre todo en materia de comunicación. Ninguno de los concursos públicos en los que el Ejecutivo regional ha sido el responsable de adjudicar en los últimos años servicios relacionados con esta materia ha escapado al examen judicial. Y en varios casos -otro está siendo examinado aún- la Justicia ha suspendido -y condenado- a la Administración que preside Paulino Rivero a corregir actos que no se ajustaron a la legalidad.

El primero de los concursos en los que el Ejecutivo canario ha sido severamente corregido por los tribunales de justicia tiene que ver con la adjudicación de las licencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Desde que se produjeron las adjudicaciones, allá por el año 2007 -el concurso se puso en marcha en 2003-, han sido varios los fallos judiciales que han ido condenando al Gobierno.

Por ejemplo, en 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el citado concurso regional y obligó al Ejecutivo a realizar una nueva valoración de las ofertas. En aquella ocasión, las empresas afectadas fueron Antena 3 y Radio Popular Cope. Entendió el TSJC que la adjudicación de las TDT no se ajustaba a derecho y obligó a retrotraer las actuaciones para la subsanación de los defectos señalados.

Pero dos años antes, en 2008, los tribunales ya habían fallado en el mismo sentido, solo que en relación con el concurso de Tenerife. En aquella ocasión el TSJC también anuló la concesión de la Televisión Digital Terrestre en la demarcación de Tenerife y en la comarca de Santa Cruz de Tenerife.

Los magistrados que dictaron la sentencia consideraron "inadmisible" que el informe en el que se basó la mesa de contratación para adjudicar las licencias introdujera factores de valoración que constaban en el pliego de condiciones, careciendo por tanto del informe litigioso de la rigurosidad y objetividad que le eran exigibles.

Aún mas contundente se mostró hace menos de un mes el Tribunal Supremo (TS), que en una sentencia obliga al Gobierno de Canarias a retrotraer el mencionado concurso regional de la TDT al momento de la valoración de las ofertas presentadas. Haciéndose eco de las conclusiones del TSJC, el TS observa falta de motivación en el informe externo que sirvió de apoyo para decidir el concurso.

Pero el de la TDT no ha sido el único varapalo judicial. Recientemente los tribunales también fallaron en contra de otra actuación del Gobierno relacionada con la comunicación: la adjudicación de los servicios informativos de Televisión Canaria.

Informativos de TVA

En dos sentencias del pasado mes de mayo, el Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria anuló el concurso por el que la Televisión Canaria adjudicó en 2008 la gestión de sus informativos a la empresa Videoreport Canarias SA, debido a la exclusión de otros licitante, la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater).

El primero de esos fallos sentencia que Radiotelevisión Canaria (RTVC) vulneró la ley cuando en 2007 declaró desierto el concurso de adjudicación de los informativos, al que solo se había presentado Socater, una empresa que le venía proporcionando contenidos desde el inicio de sus emisiones. En el segundo, que deriva del primero, la Justicia anula la adjudicación a Videoreport al no observar motivos para que se declarara desierto el de 2007.

Cabe precisar que para la empresa encargada de los servicios informativos de Televisión Canaria, RTVC destinó en los presupuestos de este ejercicio unos 18 millones de euros. Esta misma semana, Videoreport presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla el despido de 44 trabajadores.

El lío de las FM

Y por si faltaba alguno, la Justicia también investiga la adjudicación, en abril de 2012, de las licencias de Frecuencia Modulada (FM), después de las denuncias presentadas por distintos grupos de comunicación. Uno de los últimos pasos en este camino lo dio la Fiscalía Anticorrupción, en junio pasado, cuando denunció a los integrantes de la Mesa de Valoración -Fernando Ríos Rull, Manuel Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Berceo Toledo y José Luque Brito- por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, admitiendo así la solicitud realizada por el representante legal de Archipiélago de Medios (Radio EL DÍA) el pasado 13 de abril. En septiembre está previsto que comience el periodo de citaciones de los imputados, después de que fuese suspendido por el fiscal para recabar más información.