Los trabajadores de la empresa del Gobierno de Canarias, Gesplan, han decidido trasladar a la Fiscalía Anticorrupción sus "dudas" sobre la gestión de la empresa pública con el fin de que se investigue si las mismas son constitutivas de delito, según informó el Comité de Empresa en un comunicado.
De esta manera, los representantes del colectivo de trabajadores entendieron que "en los últimos años se han producido situaciones en la empresa que cuando menos debían ser investigadas, así como analizadas por la Audiencia de Cuentas".
Así, los trabajadores entendieron que algo ha sucedido para que una empresa que hace unos años se presentaba como modélica y con resultados económicos positivos se haya convertido de repente en la empresa pública "que necesita despedir al mayor número de empleados, aplicando un ERE que afecta a más de 100 trabajadores".
"Evidentemente alguien del Gobierno de Canarias tendrá que pedir responsabilidades al gerente Rafael Castellano, ya que en caso contrario se podrían convertir en cómplices de esta situación", agregaron desde el Comité de Empresa.
Añadieron que la empresa ha decidido duplicar el número de despedidos en Gran Canaria con respecto a Tenerife "en represalia por el rechazo público que mantienen los trabajadores de dicha la contra un ERE que está basado en previsiones futuras de pérdidas y que ha afectado a una mayoría de trabajadores que llevaban en la empresa más de 15 años".
Por último, los trabajadores explicaron que el INEM sigue sin aceptar los despidos realizados por Gesplan, por lo que las 34 familias afectadas por la decisión del gerente de la empresa "siguen en un limbo laboral" en el que no tienen ni derecho a paro ni derecho a sueldo.