La traslación a Canarias de las medidas planteadas por el Gobierno central para reducir el gasto educativo está "lista para ir al Boletín Oficial". Así se expresaba ayer el portavoz del sindicato docente ANPE, Pedro Crespo, al salir de la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, que estuvo presidida por el consejero regional del área, José Miguel Pérez, y en la que la Administración certificó la ampliación del horario lectivo del profesorado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto-ley del Ejecutivo central, la Consejería elevará de 18 a 20 el número de horas docentes a la semana y de 24 a 26 el horario de permanencia en el centro educativo. Estas medidas -junto a otras, como el aumento del número de alumnos por clase, pueden suponer, según las organizaciones sindicales, el despido de unos mil trabajadores interinos y sustitutos.

Los profesores reprochan a José Miguel Pérez -que acudió al encuentro de ayer después de que los sindicatos le recriminaran su ausencia de la anterior mesa sectorial- que haya "impuesto" la ampliación horaria sin recabar otras alternativas de los representantes de los trabajadores. "Ha actuado por la vía de los hechos consumados", dijo Crespo.

Aunque el consejero sigue manifestando su rechazo a los recortes decretados por el Ministerio, las organizaciones sindicales recelan de esta actitud. "De hecho, la orden del Gobierno de Canarias empeora lo que dice el real decreto-ley", hizo notar José Ramón Barroso, de Comisiones Obreras, que recuerda que la normativa estatal no contempla un aumento de las horas complementarias (de permanencia en el centro), algo que sí hace la autonómica.

También desconfían de la intención de Pérez de recurrir por inconstitucional el real decreto-ley, expresada reiteradamente pero que no termina de materializarse. En la reunión de ayer, el consejero alegó que los servicios jurídicos de la Administración siguen examinando la norma para determinar si es viable el recurso.

Los portavoces de las centrales sindicales se ofrecieron, en este sentido, a poner a disposición de la Consejería los informes realizados por sus propios servicios legales, que han concluido que la invasión de competencias autonómicas existe y que, por lo tanto, el decreto es recurrible. "Vamos a facilitarles el trabajo para que no les queden excusas", señaló Barroso.

A juicio de los representantes del profesorado, hay alternativas menos lesivas para el colectivo al incremento horario que exige el Ministerio, pero el consejero no ha querido escucharlas, aunque adelantó que su departamento estudia "medidas compensatorias", que no concretó, en centros situados en zonas con mayores dificultades económicas y sociales.

"Es inconcebible que, precisamente cuando se aumenta de 18 a 20 las horas de clase semanales y, por consiguiente, el número de alumnos a evaluar por cada profesional de la enseñanza, disminuyan las horas destinadas a la preparación de las diversas materias que habrá que impartir, al diseño de las actividades para el aula, a la corrección de las pruebas aplicables al alumnado y a la propia formación de los docentes", argumentó el portavoz de ANPE.

Además, los docentes entienden que Canarias está siendo "triplemente castigada", ya que los recortes recaen, recordó el representante de CCOO, sobre el colectivo con peores condiciones laborales del país y al que ya se le ha aplicado una merma salarial del 10 por ciento.