El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha vaticinado hoy que el Gobierno Autónomo "se va a meter en un lío tremendo" si aplica tal como está su nueva Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que ha criticado por "improvisada", "injusta" e incluso "de dudosa legalidad".

Solo la admisión por parte de los grupos del Ejecutivo, Coalición Canaria y Partido Socialista Canario PSOE, de algunas de las 24 enmiendas parciales que NC ha presentado a dicha norma, después de que el viernes pasado se rechazara otra que planteó contra su totalidad, evitará que incurran en "otro error más", como los que ya han cometido con sus políticas de ajuste económico, según Rodríguez.

Dirigente político que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en que ha presentado dichas enmiendas parciales con motivo de su próximo debate por el Pleno del Parlamento de Canarias, y en la que ha destacado que, ya de partida, la ley promovida por el Gobierno Autónomo "no será buena para la economía porque está encaminada a detraer 800 millones de euros del gasto público".

Y es que NC no comparte el planteamiento del Ejecutivo de que será positivo para superar la crisis en Canarias que 222 de esos 800 millones de euros se vayan a ahorrar en el Capítulo Uno de los Presupuestos Autonómicos, el de gastos de personal.

Medida que, aunque no se ha querido explicar con claridad tratando de que pase desapercibida, se concretará por dos vías: Un ahorro de 109 millones de euros a través de una reducción de la masa salarial de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma del 5 % y otro de 113 millones que se logrará eliminando 3.200 empleos públicos.

Éstos se suprimirán "de forma encubierta", ya que no consistirán en despidos, sino en que no se renovarán los contratos anuales de muchos interinos o sustitutos que venían prestando sus servicios desde tiempo atrás de forma continuada ni se cubrirá la mayoría de las plazas vacantes que deje el personal funcionario que salga de las plantillas autonómicas por jubilación, ha dicho.

Subrayando que, aunque se pueda pensar que el perjuicio no será tan grave por ese hecho de que, técnicamente, no se despide a nadie, "lo cierto es que ése es un personal que se restará en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía", que, por tanto, sufrirá también las consecuencias de la medida, además de los propios trabajadores afectados.

Empleados que Rodríguez ha criticado también que saldrán, sobre todo, de los servicios de educación y sanidad, los más necesarios, en una cifra superior al millar en cada caso, según las estimaciones de la organización nacionalista.

Al tiempo, ha cuestionado ese ahorro en materia de personal porque implica "un nuevo castigo injusto a los empleados públicos", a los que se vuelve a reducir el salario cuando se les ha rebajado en los últimos años, y, globalmente, porque tanto al recortar esos sueldos como al suprimir puestos de trabajo hay menos gente con posibilidades de consumir y contribuir a reactivar la economía.

Y a ello hay que sumar que también disminuirá la capacidad de consumo privado con las subidas anunciadas del Impuesto General Indirecto IGIC, que gravarán productos de primera necesidad y perjudicarán, así, a parados y jubilados, y servicios que prestan empresas isleñas que perderán competitividad por esa vía.

Si se añade que la ley cuestionada por NC prevé crear nuevos impuestos medioambientales que, aunque responden a una filosofía buena y que se extiende en Europa, que quien contamine pague, no se han sabido diseñar y se pretenden aplicar a unos sectores económicos y no a otros sin razón, con lo que podrían ser desautorizados por los tribunales, la conclusión es que hay que cambiarla, ha dicho.

Por todo ello, Román Rodríguez ha instado a Coalición Canaria y PSC-PSOE a que acepten sus propuestas para corregir los fallos que opina existen en la norma, mediante la admisión a trámite de sus enmiendas.