La planificación del próximo curso escolar debería estar ya sobre la mesa, pero la comunidad educativa -profesores, padres y alumnos- desconoce aún en qué medida le afectarán los recortes decretados por el Gobierno central. El consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, ha manifestado su rechazo a los ajustes ideados en Madrid y ha dicho una y otra vez que hará lo posible por minimizar su impacto en las Islas. Sin embargo, reina la incertidumbre sobre su actuación, entre otras cosas porque, según las organizaciones sindicales, ha incumplido su compromiso de consultar la aplicación de las medidas a los representantes del profesorado.
De hecho, las movilizaciones que se han producido en Canarias durante las últimas semanas, lideradas por el Frente Unitario Canario por la Educación Pública, han apuntado en dos direcciones: el Ministerio de Educación, como ideólogo del tijeretazo que se avecina, y la Consejería, como responsable de ponerlo en práctica en la Comunidad Autónoma. Los componentes de esta plataforma -compuesta por sindicatos, asociaciones de padres y de alumnos y partidos políticos, entre otros colectivos- han exigido reiteradamente a Pérez que diga exactamente qué va a hacer.
"Hasta ahora había cumplido, pero en esto no lo está haciendo", afirma Pedro Crespo, del sindicato docente ANPE. "Dijo que nos convocaría para ver cómo iban a aplicarse las medidas en Canarias y cómo reducir su impacto, pero no ha sido así", añade. Efectivamente, Pérez no ha convocado la Mesa Sectorial de Educación, donde se abordan las condiciones laborales del profesorado, pese a que éstas se encuentran afectadas por las disposiciones del Ministerio. "Los plazos para la planificación de las plantillas están cubiertos, así que las decisiones deben de haber sido ya tomadas", apostilla Crespo.
A esta organización le consta que la Consejería está estudiando de qué modo implantar una de las medidas decretadas en Madrid: la ampliación del número de horas de docencia a la semana que corresponden a cada trabajador, que actualmente se cifra en 18 en Secundaria y que, sostiene Crespo, se quiere elevar hasta 20.
Las previsiones del Gobierno regional apuntan a la pérdida de 3.500 puestos de trabajo en la enseñanza si se implantan mecánicamente, sin modulación alguna, las propuestas del Ministerio. Si se aumenta la carga lectiva en la proporción que, según ANPE, prepara la Consejería, "dirán que gracias a eso solo se han perdido 600 empleos, pero realmente serán muchos más, porque no mencionarán los puestos vacantes por jubilación que no serán cubiertos", pronostica Pedro Crespo.
Si Crespo reprocha a Pérez que no pida la opinión del sector y que desarrolle políticas de "hechos consumados", José Ángel Amador, de Docentes de Canarias-Insucan, va más allá. "Dice constantemente ambigüedades y no concreta, porque quiere pasar al Estado la responsabilidad de los recortes que él va a aplicar". La sensación entre la comunidad educativa es, a su juicio, de "desconcierto".
Suele olvidarse, precisa Amador, que los ajustes del Gobierno central sucederán a los que la Administración autonómica lleva practicando -desde que Milagros Luis Brito (CC) ocupaba el cargo que ahora desempeña el socialista Pérez- en el Archipiélago. Así, en el apartado de sustituciones del profesorado, el decreto estatal contempla que las bajas no se cubrirán hasta los diez días, pero en Canarias la normativa habla ya de 15 días.
El panorama que, desde el punto de vista de las familias, espera a algunos de los servicios complementarios de la educación no invita al optimismo. Así lo reconoce Eusebio Dorta, presidente de la federación tinerfeña de asociaciones de padres (Fitapa). También en este caso ha habido resistencias por parte de la Consejería a dialogar. La primera reunión se produjo el pasado jueves.
La acogida temprana, una de las denominadas "medidas de calidad" puestas en marcha la pasada legislatura por el Gobierno de Canarias, parece tener los días contados, al menos en su forma actual. Actualmente el servicio se presta, en su mayor parte, con recursos de la propia Administración y sin coste para el usuario. "Ahora quieren descargarlo en los ayuntamientos, pero no saben que tampoco van a poder asumirlo", comenta Dorta.
Esta prestación -que, según el representante de Fitapa, tiene en muchos lugares un carácter tan social como educativo- será regulada mediante fórmulas de copago, una opción ante la que Dorta se muestra "escéptico".
En cuanto a los libros de texto, cuya gratuidad universal ha sido recientemente derogada por el Parlamento, cuentan con "una partida económica muy pequeña" -entre otras cosas porque el Ministerio ha retirado su aportación-, de modo que la Consejería ha optado por reutilizar los actuales, que tendrían que haber sido renovados este año, y destinar el dinero a adquisiciones en caso de que se incrementen los estudiantes.
"Nos han dicho que no habrá subvenciones para asociaciones de padres", dice el presidente de Fitapa, quien avanza que la partida para actividades extraescolares será "cero". El transporte sufrirá una disminución presupuestaria de "al menos" el 20%, al tiempo que el criterio de distancia mínima del centro, uno de los que se emplea para seleccionar a los beneficiarios, pasará a ser de tres kilómetros, en lugar de los dos actuales.