El viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, aseguró ayer que tanto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), como 38 autos judiciales en los que se pedía la suspensión del concurso público de licencias de radio y cinco en los que se planteó su archivo, dan la razón al Ejecutivo regional.

Así lo indicó Marrero en una comparecencia parlamentaria solicitada por el Partido Popular, en la que el viceconsejero volvió a defender que el Gobierno canario actuó "con total transparencia" en un proceso que se resolvió en dos años, cuando la media en España es de cuatro.

El viceconsejero salió al paso así de las acusaciones del diputado popular Víctor Moreno, que volvió a hacer hincapié en las "sombras" y la "falta de transparencia" que, a su juicio, han rodeado un concurso que se ha convertido en el "mayor golpe" a la comunicación en Canarias.

El diputado del PP criticó que en la resolución del concurso no se tuviese en cuenta la experiencia, y denunció que la mesa de contratación abriese las ofertas tres meses antes de que se aprobasen los criterios. "Con esta decisión han perjudicado a unos y beneficiado a otros", dijo Moreno, quien se preguntó "por qué la mesa incorporó criterios que no estaban previstos". También se preguntó por qué el Ejecutivo no recurrió a "especialistas" como en la adjudicación de licencias de TDT y si hay alguien que se crea que una de la empresas adjudicatarias va a invertir 12 millones de euros.

En este sentido, Martín Marrero indicó que si se hubiese tenido en cuenta como criterio la experiencia se hubiese cometido una "ilegalidad", por cuanto las emisoras que se presentaron no eran legales, al tiempo que defendió tanto la capacitación como la profesionalidad de los integrantes de la mesa de adjudicación, ante las dudas sembradas por el PP. En este punto, avanzó que el grupo que vigilará que las emisoras adjudicatarias cumplan las condiciones estará formado por cinco funcionarios.

Por su parte, Carmen Hernández, del Grupo Mixto, se mostró preocupada por cómo se resolvió el concurso y por que se hayan quedado fuera emisoras con tradición. Mientras, Manuel Fajardo, portavoz parlamentario socialista, acusó al PP de "sembrar sospechas" sobre el concurso. José Luis Perestelo, de CC, recordó que las bases fueron aprobadas con el PP en el Gobierno y pidió "pensar en el futuro".