El pasado martes, el presidente el Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmaba en el Parlamento, tras una pregunta de la oposición, que el concurso para la concesión de licencias de radio de frecuencia modulada (FM), todavía inconcluso, goza de "consistencia técnica y jurídica", pero "no responde a las expectativas políticas". Una clara e irónica alusión al reportaje publicado el domingo 6 de mayo en este periódico, donde se ponían de manifiesto las numerosas irregularidades e incumplimientos de la mesa de evaluación de las propuestas, que han quedado al descubierto al hacerse público el contenido de las ofertas de los adjudi- catarios.

Aunque son muchas las irregularidades señaladas desde estas páginas, que muestran el desacuerdo entre lo que decían las bases del concurso, los criterios aprobados después de abiertas las ofertas y lo que realmente se les admitió a numerosas ofertas que obtuvieron licencias, un repaso más a los expedientes abre una nueva línea argumental para aquellos que, desde que ya hace un año se publicaron las valoraciones realizadas por la mesa de evaluación, defenestraron el concurso al considerar que no tenía sentido ni lógica alguno.

El mayor beneficiario del "reparto", Canarias Difusión SL (32 licencias), que ya emite como 7.7 Radio, contempló en su oferta para Santa Cruz la adscripción de ocho puestos de trabajo permanentes y tres temporales. De estos once empleos, al menos siete están previstos para titulados medios o superiores, lo que debería tener su correlativo en los gastos de personal del proyecto. Pues bien, en su proyecto económico, el adjudicatario contempla unos gastos en personal anuales de 60.730 euros, seguridad social incluida, lo que supone una media de sueldo bruto mensual de 460 euros para cada uno de los once empleados que se compromete a contratar la emisora, cantidad muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Recordemos que en 2010, año en el que debían presentar las ofertas, el SMI se situaba en 633,30 euros mensuales y, en la actualidad, 641,40 euros.

En resumidas cuentas, de todo lo anterior se deduce que la oferta merecedora de licencia ni siquiera cumple con pagar a sus trabajadores el SMI, cuestión por la que debe velar precisamente la administración que premió a Canarias Difusión SL.