El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó esta semana el mapa de su propuesta de reagrupación de los partidos judiciales del país, según la cual Canarias pasaría de tener 19 demarcaciones a once.

De los ocho partidos judiciales que desaparecerían, cinco pertenecen a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Así, los quince juzgados de la capital tinerfeña y los tres de Güímar formarían parte de una única demarcación; Arona y Granadilla serían un único partido judicial con 13 órganos; La Orotava, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos se reagruparían y tendrían diez juzgados y en La Palma solo habría un único partido judicial con cuatro juzgados. Las demarcaciones de La Laguna, San Sebastián de La Gomera y Valverde no se verían afectadas.

En el caso de la Provincia de Las Palmas, pasaría de tener siete partidos judiciales a cuatro al plantear el CGPJ que Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Santa María de Guía sea una única demarcación con 29 juzgados y San Bartolomé de Tirajana y Telde se reagrupen en un única unidad con 16 órganos. Los partidos de Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) no se verían afectados.

En la actualidad, los partidos judiciales abarcan un radio de 15 kilómetros y 50.000 habitantes. Para elaborar esta propuesta, el CGPJ aumenta estos parámetros hasta 100.000 habitantes y el límite de que el desplazamiento desde un núcleo de población hasta la cabecera del partido judicial no pueda exceder de 1 hora o de 100 kilómetros de distancia a través de las comunicaciones existentes.

Además, el proyecto plantea una potenciación de las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías, para que el desplazamiento físico de las personas a las oficinas judiciales se reduzca a los supuestos estrictamente necesarios.

¿Cómo afectaría?

Pese a que la propuesta ya ha sido presentada al Ministerio y será uno de los temas a debatir en la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebrará el lunes en Madrid con los diferentes consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el CGPJ no ha desarrollado aún cómo se llevaría a cabo la misma de ser aprobada por el Gobierno central, según informó el gabinete de prensa del órgano judicial a este periódico.

De esta forma, aún se desconoce si se verían afectados puestos laborales o cómo se reorganizaría el trabajo en los juzgados afectados, algunos de los cuales, en el caso de Canarias, tienen en la actualidad más carga de trabajo de la que recomienda el CGPJ.

De igual manera, tampoco se conocen los "daños" que se ocasionarían en los municipios que perderían sus órganos judiciales, aunque algunos de ellos ya han aprobado mociones en contra de esta medida, con la que el CGPJ pretende "mejorar la calidad del servicio público de la Justicia y la atención al ciudadano", entre otros objetivos que persigue esta propuesta de reagrupación.