Con el argumento de que es "fundamental" preservar los servicios públicos esenciales de la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional pretendió ayer arrancar un compromiso a los cabildos y ayuntamientos para que aceptaran renunciar de forma voluntaria a la parte que les corresponde por ley -58%- del alza que acuerde sobre los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Entre otros, incluye el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), que se verá incrementado en todos sus tramos, según trascendió ayer.
Ante el hecho de que el reparto de los fondos derivados del REF está regulado por ley -que establece que la Administración autonómica solo puede conservar el 42% de lo recaudado y que el resto corresponde a las corporaciones locales-, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Javier González Ortiz, respondió que la prioridad es el mantenimiento de la sanidad y educación -que presta la comunidad autónoma y al que destina cerca del 70% de sus fondos-, si bien también terminar por incluir los servicios sociales -que prestan tanto la Administración autonómica como las corporaciones locales-.
La propuesta, en todo caso, es de carácter "transitorio" y afectará este ejercicio y, "probablemente", al próximo.
El presidente de la Fecai, Mario Cabrera, expresó el rechazo de los cabildos a la propuesta y enfatizó que "las reglas de juego tienen que ser las que están marcadas" y reiteró que esa fórmula "rompería la dinámica de las instituciones canarias y contraria a la ley".
Por su parte, el presidente de la Fecai, Manuel Ramón Plasencia, remarcó que las decisiones sobre el IGIC "hay que tomarlas por consenso" y que el Gobierno debe respetar la forma de reparto del alza del impuesto.