Las medidas anunciadas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para ahorrar 3.000 millones pueden suponer que unos 3.550 profesores interinos y sustitutos se vayan al paro en Canarias. Según el consejero de Educación, José Miguel Pérez, los recortes "impuestos" por el Gobierno central pueden tener un efecto "letal" sobre el sistema público de enseñanza y sobre la plantilla de profesorado.

El "auténtico expolio de derechos, prestaciones básicas y recursos" que representan, a juicio de Pérez, las medidas que prevé implantar el Ministerio llevarán al Ejecutivo canario a evitar su aplicación si la ley no lo fuerza a ello. "En la medida en que no sean de obligado cumplimiento, resistiremos. Cumpliremos la ley, pero haremos lo imposible para que esas medidas no se ejecuten", advirtió el consejero.

En la línea de lo manifestado por otros responsables autonómicos fuera del Partido Popular, José Miguel Pérez adelantó que los planes del Ministerio interfieren en competencias de las administraciones regionales -en concreto, las referidas a las condiciones laborales del profesorado: aumento del número de horas lectivas y gestión de las sustituciones, principalmente-, por lo que cabe interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por esta razón.

Esperar al real decreto

Para conocer el alcance preciso de las medidas de ahorro será necesario esperar al viernes, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al real decreto que las regulará. La estimación de 3.550 docentes afectados es, en este sentido, resultado de calcular una aplicación "mecánica" de las propuestas realizadas el pasado lunes por el ministro de Educación, consistentes, sobre todo, en aumentar el número de estudiantes por grupo y ampliar el horario del profesorado dedicado a las clases. Cabe recordar que, en el ámbito nacional, los sindicatos prevén que los puestos de trabajo perdidos superen los 80.000.

El consejero canario hizo "una llamada de atención" a las familias sobre otra de las medidas avanzadas por Wert: la obligación de que los centros cubran las bajas docentes inferiores a diez días con sus propios recursos. Según Pérez, esto se extenderá incluso a los primeros diez días de las ausencias de larga duración, como las motivadas por enfermedades prolongadas, embarazo y maternidad o excedencias. La intención del Gobierno regional es mantener el actual sistema de sustituciones, salvo obligación legal en sentido contrario.

Los "especiales problemas" que ya sufre Canarias en materia educativa pueden acrecentarse con los recortes previstos, alertó el consejero. No solo concentra las mayores ratios -alumnos por grupo-, sino que su plantilla de profesorado en relación con el volumen de estudiantes es de las más bajas del país -la penúltima, tras Madrid-, así como la inversión en docentes. "¿Puede aplicársele a Canarias un ajuste de estas características?", se preguntó José Miguel Pérez.

En cuanto al retraso hasta el curso 2014-2015 de los módulos de Formación Profesional de 2.000 horas, las Islas ya cuentan con ellos desde el curso 2009-2010, y actualmente hay 79 en funcionamiento, con la previsión de implantar 70 más en los dos próximos cursos. La Administración educativa canaria no piensa "cargarse" los módulos que ya están en marcha, garantizó Pérez.

Las medidas adelantadas por el ministro se unen a la suspensión, en los presupuestos estatales, de la financiación para obras en los centros, adquisición de libros de texto o programas de refuerzo, lo que obligará a Canarias a "priorizar". Una aplicación lineal de los recortes es, en este sentido, inviable.