INMERSOS en la crisis económica actual, que en Canarias es mucho más intensa si consideramos esa terrible cifra de desempleo del 30% de la población trabajadora, con una población en riesgo de exclusión social y con grandes bolsas de pobreza, con informes estadísticos negativos en los asuntos sociales de mayor importancia, educación y sanidad, con grandes cifras de dependientes sin ayuda, con una población de jóvenes preparados en sus estudios y titulaciones que no encuentran trabajo y que incluso son "invitados" a emigrar por parte de nuestro Gobierno, no es de recibo y constituye un auténtico escándalo conocer que en el Servicio Canario de Salud, que en nuestra sanidad pública, dirigida por la consejera Mendoza, los directivos del ramo dispondrán de más de 500.000 euros para cobrar y beneficiarse económicamente de esos dineros en concepto de productividad.

Hace unos días denunciaba el gran despilfarro en pagos a directivos de la sanidad pública que, en forma de "guardias telefónicas", obtenían directores y subdirectores médicos, de Enfermería de los hospitales y otros cargos de confianza -políticos sin duda alguna- en otros centros sanitarios, que se cifró en hasta casi 1.400 euros en jornada de sábados.

Ahora, la directora del Servicio Canario de Salud nos informa de que estos pagos van destinados a personal directivo que "requieren el ejercicio de su actividad fuera de la jornada ordinaria de trabajo, así por encontrarse en situación de permanente disponibilidad que haga posible su localización, tanto de cualquier cargo adscrito al departamento como por cualquier otro miembro del equipo directivo, para atender las necesidades que se pueden producir". Unos 35.000 euros a los gerentes de los hospitales, 20.000 euros a los gerentes de atención primaria y 11.000 euros a los directores de enfermería de las áreas de salud, más 25.000 euros a repartir entre el personal directivo de los centros hospitalarios. De vergüenza.

¿Me quieren explicar qué necesidad se requiere de un directivo en sanidad que resuelva alguna contingencia asistencial que precise un ciudadano teniendo cubiertos los hospitales con más de 70 facultativos en presencia física y a distancia y alerta? Es que son insaciables y sus tragaderas no tienen límite.

Mientras, al resto de los trabajadores sanitarios públicos no solo nos han bajado los salarios y nos han rebajado a la mitad los incentivos pactados sino que nos aumentan la jornada laboral en 10 horas mensuales, nos vulneran la conciliación familiar y laboral, se despide a miles de empleados públicos, todo lo cual ha traído un recorte en las prestaciones al paciente, con el disparatado aumento de las listas de espera que ocultan y no dan a conocer por la gravedad que supone hacerlas públicas, con cierres de quirófanos, de consultas, pruebas diagnósticas e, incluso, de cierre de camas hospitalarias, sin olvidar los grandes colapsos en los servicios de urgencias que niegan una y otra vez en un descarado intento de ocultar la verdadera situación por la que atraviesa la sanidad pública.

No sé si Canarias ha sido borrada del mapa por el PP, como propugna nuestro presidente autonómico, y Rajoy se ha convertido en un problema para Canarias, y que los hospitales del Norte y Sur de Tenerife están condicionados a los recortes del Gobierno estatal; o, como dice por aquí el PSOE, nos han dejado sin financiación con los recortes presupuestarios que vienen para tener la excusa perfecta a subir los impuestos para, según ellos, poder garantizar el Estado del bienestar. Pero... del bienestar ¿para quién, para los directivos sanitarios, para los políticos y sus asesores elegidos a dedo, solo para ellos?

Todo es válido y hay que aguantarlo. Todo aplicable al resto de los mortales menos a los directivos y a los políticos que gestionan la vida pública. Esto sí que es una situación antisocial y anticanaria.

Se me ocurre plantear a nivel colectivo laboral, a todos los trabajadores, una postura de rebeldía laboral, que, mientras existan estos vergonzosos procederes de la clase gobernante, por la que parece no pasar ni pesar la crisis, nos negásemos, por ejemplo, a realizar esas horas de aumento de jornada con la que nos penalizan siempre a los mismos. ¿Y si todos los empleados públicos nos negáramos a realizarlas, en toda la Comunidad Canaria al unísono, hasta que dejen de favorecerse con los dineros públicos de todos?... ¿Qué pasaría?