El Consejo de Gobierno aprobó ayer el borrador de la Ley de Armonización en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Entre los cambios que introducirá figura el hecho de que las sanciones estarán moduladas en función de quien cometa las infracciones y sus circunstancias económicas para hacerla "más justa", explicó ayer el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel.
El texto ahora irá al Consejo Económico y Social para que este órgano emita su informe preceptivo y a varias administraciones -incluidas las federaciones de los municipios y la de los cabildos, entre otras-, para que hagan sus aportaciones.
El anteproyecto de ley sale a información pública y el Ejecutivo confía en que llegará a la Cámara regional en "pocos" meses para su tramitación final, si bien Marrero no quiso precisar cuándo estará aprobada la norma. "En no menos de dos meses y, espero, en no más de no sé cuántos, ya estará en el Parlamento", bromeó.
Fuera de ordenación
La futura ley contempla la "solución" al fuera de ordenación que el Gobierno ya defendía en la pasada legislatura, que consiste en la creación de una figura adicional denominada "régimen de consolidación" que incluirá las edificaciones construidas acordes con el plan vigente para la época, pero que en el actual quedan fuera y que, además, no es necesario derribar por motivos de utilidad pública (para construir o ampliar una calle, por ejemplo).
Por otra parte, Berriel se refirió al previsible recorte de los fondos estatales para los convenios de obras públicas en las Islas. "Menos de 200 millones -la cifra que espera recibir el Ejecutivo regional en 2012- sería un problema serio", dijo.