"Hay miles de animales sin control y los veterinarios locales no están dispuestos a realizar castraciones gratuitas para los animales abandonados y esto tiene como consecuencia multitud de camadas de cachorros que llegan a las protectores convirtiéndose en un círculo sin fin". Con esta palabras la Asociación Canaria Protectora de Animales y Plantas (Fecapap) alerta del "aumento preocupante del número de animales" y el efecto que ello está teniendo en los albergues, que ya se encuentran al doble de su capacidad máxima.

Como ejemplo sirva que en la isla de Tenerife existen 12 albergues reconocidos como tal con una capacidad máxima de 2.000 animales. Sin embargo, en la actualidad hay más de 3.610 y llegan nuevos ejemplares todos los días.

A esto habría que añadir que existen otros seis albergues no reconocidos que se hacen cargo de más de 600, por lo que la cifra de animales acogidos supera los 4.200 solo en una isla.

Y es que la crisis ha hecho que se incremente el número de abandonos, ya que sus propietarios no tienen medios suficientes para atenderlos. "Esta es una de las razones, porque sabemos que entre particulares se cruzan animales para obtener beneficio económico, terminando en albergues o abandonados aquellos que no se consiguen vender".

Así, desde Fecapap explican que "los albergues se hacen cargo de los animales que nadie quiere, sin recibir contraprestación alguna la mayoría de ellos y cuidándolos hasta que se entregan en adopción y practicándoles la esterilización para contribuir a evitar la superpoblación", antes de insistir en que "las instalaciones que actualmente existen sobreviven principalmente gracias a las aportaciones económicas que realizan personas o colectivos, puesto que las ayudas públicas no solo son escasas y no cubren las necesidades sino que, además, tienen deudas contraídas desde hace varios años".

De Valle Colino, el albergue creado para atender a la población canina y gatuna de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste y El Rosario, salen más de 1.400 animales adoptados cada año y aún así solo la corporación rosariera está al día en los pagos, lo que ha obligado a reducir personal.

Y es que desde Fecapap defienden que los albergues, además de proteger a los animales, evitan que estos vaguen sin control, con el peligro que ello supone, pero además "contribuyen a dinamizar la zona en la que se encuentran, beneficiándose de ello las empresas proveedoras de pienso, medicamentos, productos de limpieza e incluso el Colegio de Veterinarios".

A los problemas de las protectoras se une le hecho de que la actual ley, que entró en vigor desde 1991, está completamente desfasada, hasta el punto que aún contempla las sanciones en pesetas. Esta situación genera circunstancias curiosas, como, por ejemplo, que identificar a un perro con chip cuesta entre 40 y 60 euros y, sin embargo, la sanción por no tenerlo identificado sea de 30 euros. Es decir, que sale más rentable el seguir cumpliendo la normativa.

"Es una necesidad imperiosa reformar la ley porque no solo hay que mejorar la protección y defensa de los animales, sino que también hay que endurecer las sanciones y vigilar su cumplimiento", reclaman con urgencia desde la federación de protectoras.