La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, para la corrección del déficit público ha provocado que un total de 182 dependientes canarios moderados no reciban este año la prestación que les corresponde por la Ley de Dependencia. Esta norma, afectará a todas aquellas personas a las que se les reconozca este derecho en 2012.

En Canarias, a 1 de enero del presente año, hay 2.757 personas que tienen el grado 1 nivel 2 de dependencia dictaminado, a falta de la resolución de su derecho a percibir la ayuda.

Según el calendario de efectividad de la Ley de la Autonomía Personal y Dependencia, al quinto año de la aprobación de la norma, en concreto a partir del 31 de diciembre de 2011, todos los solicitantes que sean valorados en el grado 1 nivel 2 de dependencia comenzarían a percibir las ayudas que determina esta ley.

Este derecho ha quedado suspendido a raíz de la aprobación el pasado 14 de diciembre de un Decreto-Ley con el conjunto de medidas antidéficit, en el que se incluye la suspensión de esta ayuda durante el presente año. Se trata de la primera vez que se modifica el calendario de la Ley de Dependencia.

Como consecuencia de este Decreto, los 182 canarios que cuyos casos habían sido valorados, dictaminados y que tenían la resolución del reconocimiento del derecho a percibir esta prestación no la recibirán durante todo 2012, "ya se verá que ocurre el próximo año", informó el viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, quien destacó que este "decreto implica un recorte claro de la prestación de la Ley de Dependencia".

Ficha financiera

A juicio de Melchor Núñez, este Decreto-Ley "es un síntoma de que el Estado está empezando a ser consciente de que la Dependencia es una máquina que va creciendo en exigencias económicas y financieras y no posee una ficha financiera. Esto es una situación francamente preocupante, pues se echa en falta que la aplicación de la Ley de Dependencia disponga de una verdadera ficha financiera que no esté supeditada a las coyunturas".

Pese a esto, el viceconsejero de Bienestar Social señaló que el Ejecutivo regional continuará realizando los reconocimientos para percibir la ayuda que les corresponde y que hace referencia a una prestación económica para un cuidador en el entorno familiar, que oscila entre 300 y 600 euros; ayuda domiciliaria o una plaza en un centro de día.

Cabe recordar que hay tres grados de dependencia, que se subdividen en dos niveles cada uno: el grado, que corresponde al grupo de los grandes dependientes; el grado 2, de dependientes severos, y el 1, los moderados.

En Canarias hay, a 1 de enero de 2012, cerca de 37.000 solicitantes de la prestación, en sus distintos grados, de la Ley de Dependencia, mientras que otras casi 15.000 personas ya la están percibiendo.

Pese a esta cifra, que hace referencia a los beneficiarios de esta Ley, en las Islas hay otras 15.000 personas, tanto mayores como discapacitados, que perciben algún tipo de ayuda o prestación por dependencia proveniente de los ayuntamientos o del Ejecutivo regional, detalló el viceconsejero de Bienestar Social, Melchor Núñez. El problema, según indicó, es que sin el respaldo económico del Estado y en situación de crisis, estas prestaciones de los ayuntamientos peligran.

"De los 120 millones de euros que cuesta la Ley de Dependencia en las Islas, el Estado solo aporta algo más de 20 millones", indicó el viceconsejero, quien destacó que por ley la comunidad autónoma debe igualar la cifra del Estado, y Canarias la supera".