La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, aseguró ayer en Comisión parlamentaria que en el centro de menores de Valle Tabares "no ha tenido lugar ningún motín", y que las cosas que ocurren en esas instalaciones no son tan graves "como ocurría antes".
A preguntas del diputado popular Emilio Moreno sobre lo publicado en algunos medios de comunicación de diversos altercados en el centro de menores, la consejera afirmó que "no ha habido nada alarmante" en esas instalaciones.
Rojas recordó que se trata de un centro que acoge a un total de 104 menores con medidas judiciales, de los que 9 están en régimen cerrado. Por este motivo, la consejera insinuó que la entrada y salida de los internos puede provocar que haya sustancias estupefacientes en Valle Tabares, pero que, a la hora de prevenir esto, "la Ley solo permite que se le realicen cacheos a los menores".
En este sentido, destacó que este es uno de los pocos centros españoles que cuentan con una unidad de desintoxicación.
Emilio Moreno también instó a la consejera a manifestarse sobre las declaraciones realizadas por el Fiscal Menores, en un medio de comunicación, en las que destacaba que "algunos políticos fingen preocupación" por el centro y que 24 horas después de la inspección realizada en esas dependencias el Ejecutivo no había mostrado interés en el resultado de la misma. Ante esta cuestión Rojas, que dijo que aún no ha tenido acceso al informe de la citada inspección, prefirió "no hacer comentarios".
Discapacitados
Durante la Comisión parlamentaria, la consejera también informó de que el año pasado 2.058 personas recibieron la pensión no contributiva de discapacidad, con lo que en Canarias, en la actualidad, alrededor de 28.000 discapacitados reciben este tipo de pensiones.
Además, indicó que en el Archipiélago hay 4.696 plazas de atención a las personas con discapacidad, de carácter residencial, de estancia diurna, centros ocupacionales, servicios de rehabilitación, pisos tutelados o servicios de atención temprana entre otros.
Respecto al ámbito laboral, Rojas destacó que este colectivo ha sido el más afectado por la crisis económica, y que el año pasado más de 1.100 personas con discapacidad fueron contratadas en Centros Especiales de Empleo; 37 de ellos están en la provincia de Las Palmas y 28 en Santa Cruz de Tenerife.