Pedro Herrera lleva algo más de siete meses al frente de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias y aunque se plantea un futuro lleno de importantes retos, también es consciente de que los recursos son escasos y la partida destinada a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, que previsiblemente se aprueben a finales de marzo, será determinante a la hora de afrontar algunos proyectos.
Una pregunta obligada a cuenta de la falta de recursos y de los recortes que sufre las administraciones: ¿qué tal está la Justicia en Canarias?
En lo que hemos estado hasta el momento es afrontando las necesidades diarias, pero a la par hemos realizado un diagnóstico de cómo está la situación y ese diagnóstico ahora lo vamos a trasladar a un plan de actuación que nosotros prevemos para el tiempo que vamos a estar dentro de la administración de Justicia, de 2012 a 2015. Hemos examinado los 15 programas que tenemos y los 62 proyectos que hay dentro de esos programas, y los alineamos en torno a tres ejes estratégicos que son: contar con un servicio más eficaz y orientado al ciudadano; desarrollar una gestión económica eficiente e incrementar el valor del capital humano a través de la motivación al personal y la cualificación del mismo. Es cierto que estamos en un momento malo económicamente y, especialmente en Canarias, estamos pendientes de lo que ocurra con los presupuestos de la Administración central para saber cómo queda la situación en las islas. Por eso es una situación que ahora mismo vamos a llamar de incertidumbre y de preocupación. Sobre el personal yo diría que estamos haciendo un esfuerzo importante para el mantenimiento del que existe cuando en otras comunidades se habla de recortes. Lo que sí va a ser complejo y no se va a contemplar de momento es un aumento. Somos conscientes de que hay un alto número de trabajadores que son interinos, como en el grupo de auxilio, con más del 50%; por lo tanto, estamos luchando por ese decreto que ha aprobado el Gobierno central por el que se suspende la oferta de empleo público para que, dentro de las excepciones, se haga una modificación y se incluya al personal de la Administración de Justicia.
En las carencias que se han detectado destaca la inestabilidad del personal y las bajas que no se cubren.
Y somos conscientes de ello, de que hay partidos judiciales afectados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, concretamente el de Arona, que está sufriendo esas consecuencias y que estamos valorando actualmente para reforzar su plantilla y que se dé una necesaria cobertura, es decir, un refuerzo temporal con personal de auxilio y de tramitación para mejorar el reparto de asuntos. Le dije que hay prioridades y Arona es una prioridad. Es cierto que se producen bajas a consecuencia del absentismo laboral que están intentando cubrirse en el período de un mes o mes y medio mientras en otros sitios no se están cubriendo. Estamos esforzándonos pero tenemos que contar con la situación que tenemos, es la que es y no podemos cambiarla pero estamos buscando fórmulas.
¿Cómo va a hacerlo si no hay recursos?
Nosotros estamos actuando con el presupuesto que tenemos y que para el área de Justicia es de 165 millones de euros, y tengo que decirle que la mitad se va en el capítulo 1 (refiriéndose al de personal). Se quiere incentivar al personal para que contribuya activamente en los cambios que se prevén. En partidos judiciales de nueva creación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como es el de La Laguna, se están creando grupos de trabajo para analizar cómo se puede llevar a cabo y dónde queremos que el personal tenga un papel muy importante. Lo que buscamos es ver por dónde podemos ahorrar para ver luego dónde podemos invertir en los capítulos más necesitados, y los avances tecnológicos nos pueden ayudar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio nuevo, ponemos fin a la dispersión de sedes, como ocurre en Las Palmas y vamos a ahorrar el coste del arrendamiento porque la Administración tiene que empezar a optimizar recursos.
Ya, algo que se tenía que haber hecho...
Yo digo desde la perspectiva nuestra y la perspectiva nuestra es desde julio de 2011. Anteriormente, los que hayan sido responsables que digan lo que han hecho.
Aquí entra la evidente escasez de presupuesto para infraestructuras.
Para 2012 el objetivo es acabar el partido judicial de La Laguna y de Las Palmas y que esos nuevos modelos organizativos se apliquen primero en Las Palmas y La Laguna. ¿Cómo va a hacerse? Pues vamos a intentar crear el Servicio Común procesal General para que todo lo que confiera a los actos de comunicación y cuestiones generales se pueda datar, y el Servicio Común de Ejecución, es decir, que haya una servicio para que las sentencias se puedan ejecutar a través de ellas. Se trata de empezar poco a poco para ir desarrollándolas en los otros sitios y cuando concluyamos en La Laguna y Las Palmas, hay otros dos partidos judiciales que ya tienen diseñados sus servicios comunes, como el de Arona y Arrecife. Queremos que esté operativo para 2013 a medida que completemos el acto de mudanza desde las sedes actuales a las nuevas. En cuanto a las demás infraestructuras, sabemos que es muy necesario contar con más espacio en Santa Cruz de Tenerife, igual que es necesario eliminar la dispersión de sedes que hay y se están estudiando fórmulas, como ampliar en altura, contar con un edificio adicional al que hay o poder contar con un nuevo edificio judicial. Pero ahora mismo son ideas que se están desarrollando.
Pero teníamos entendido que ante la falta de recursos se había renunciado a un nuevo partido judicial en Santa Cruz de Tenerife.
Ahora mismo yo no me atrevo a descartarlo. Son ideas que se están estudiando y, efectivamente, la idea de la ampliación está tomando forma, igual que la del edificio complementario; la otra es residual y más compleja.
Hace algunas semanas hubo oposiciones al cuerpo de auxilio judicial, con 50 plazas, y anteriormente de 15 gestores procesales.
Sí, ahora mismo hay una escasez de empleo público evidente y en Canarias no ha habido convocatoria para el cuerpo de tramitación; por eso estamos luchando ante la suspensión de oferta de empleo público que se establezca como excepción el de la Administración de Justicia y ojalá se incluya al personal que no gestionamos, como los secretarios judiciales y los jueces y magistrados. Por cierto, el pasado día 5 de marzo tomaron posesión 14 nuevos jueces en territorio canario, siete en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y siete en Las Palmas. También estuvimos hablando con el CGPJ que hay que buscar otras opciones: tenemos que modificar nuestra Ley de Planta y Demarcación Judicial, que es una ley estatal para redefinir los partidos judiciales y ver la necesidad de ver cómo se podían agrupar algunos partidos judiciales y también ver si podemos cambiar nuestra actual estructura judicial, es decir, pasar de los actuales juzgados a los tribunales de instancia, que permitirán valorar de forma independiente las necesidades de los jueces, secretarios judiciales y personal de justicia en general. Así se puede ir avanzando, hay que hacer cosas, reformar normas y hay que avanzar.
¿Y la inestabilidad del personal?
Yo soy andaluz y aquí llegué en el año 98 destinado como juez y he estado 13 años ejerciendo de manera continuada hasta que empecé en la tarea que ahora me ocupa, y cuando yo vine la inestabilidad era muy importante, pero a día de hoy está cambiando y hemos mejorado mucho en ese aspecto. Se lo digo sinceramente. Y en el caso del personal que depende de la Comunidad, lo que es necesario es que ese personal que es interino se interese de verdad por pasar a ser funcionario de carrera y no utilizar tanto al personal interino.
Hace poco conocíamos los datos de la actividad de la mediación intrajudicial. Algunas ONG trabajan en el área de mediación, han sufrido recortes y la actividad peligra. ¿Cómo lo resolverá?
Nosotros tenemos en el departamento de Justicia del Gobierno de Canarias un servicio de mediación familiar intrajudicial que lleva funcionando desde 2009 y que hasta ahora solo lo hacía en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y que hemos decidido ampliar al resto de partidos judiciales de Tenerife y Gran Canaria. Aún así, este servicio es solo una parte de la mediación, porque a nosotros lo que nos interesa es que la mediación se lleve a cabo en la etapa prejudicial, antes de que se judicialice. Tenemos un servicio de mediadores y a través de ahí se canaliza, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que todavía el ciudadano no conoce del todo lo que es la mediación y tiene algún que otro prejuicio para acudir a ella. Entonces lo que hay que fomentar es la divulgación de la mediación para que el ciudadano valore que un buen acuerdo es muy positivo para la solución de un conflicto. Es cierto que hay determinadas instituciones que prestan ese servicio pero nosotros apostamos por extender nuestro servicio de mediación. Es verdad que ha habido recortes en las subvenciones, pero hemos luchado y hemos mantenido las subvenciones, eso sí, con algunos recortes. Lo que no podemos, igual que pasaba antes, es dejarlo todo en manos de la colaboración externa y trabajamos para ofrecer ese servicio nosotros mismos porque tenemos profesionales válidos para poder hacerlo. Que lo otro sea, no la esencia, sino un complemento de nuestro servicio. Valoro positivamente la labor que han hecho y siguen haciendo a pesar de los recortes pero tienen que ser conscientes de que la época de hoy no es la de ayer.