En pleno debate sobre la delicada situación de los ayuntamientos, las corporaciones locales y el Gobierno de Canarias mantuvieron ayer la primera reunión para abordar la modificación de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM), una norma que ambas administraciones coinciden en que hay que "revisar" y "adaptar" a la realidad actual.

La iniciativa parte de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, que preside Francisco Hernández Spínola, después de que se comprobara, tras la última auditoría realizada por el Gobierno de Canarias a los ayuntamientos de las Islas para el reparto del FCFM del año 2011, que solo tres consistorios -Alajeró, Guía de Isora y La Oliva- de los ochenta y siete -todos menos El Pinar- cumplían con todos los parámetros que fija la citada ley.

En la cita de ayer, que según las distintas fuentes consultadas transcurrió en un ambiente de "entendimiento y buena sintonía", los ayuntamientos trasladaron al consejero regional la necesidad de modificar algunos de los criterios que establece el Fondo Municipal, y, en especial, aquellos que son de "penalización".

En concreto, y según fuentes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el parámetro que mayor urgencia requiere cambiar -reducir- es el de gestión recaudatoria, fijado por el Gobierno canario en 2011 en un 77%, pues gran parte de los ayuntamientos de las Islas han "prolongado" la recaudación para sus vecinos debido a la situación económica.

"Los ciudadanos no pueden hacer frente al pago de sus tributos, y no es que no quieran pagar", aclaró un alcalde consultado, quien remarcó que este hecho genera que la recaudación se vea "seriamente" afectada.

Cabe recordar que los ayuntamientos ya solicitaron al Gobierno de Canarias, en el mes de abril del año pasado, que rebajase el porcentaje del condicionante de gestión recaudatoria de un 77% a un 74%. Sin embargo, el Ejecutivo no accedió a esta pretensión y volvió a fijar para 2011 el mismo porcentaje que en 2010. Este condicionante, junto al de esfuerzo fiscal, es de obligado cumplimiento para las administraciones locales para no perder dinero del Fondo.

A partir de ahora, la Fecam elaborará las sugerencias "oportunas" a la propuesta de modificación del Fondo expuesta por el Ejecutivo, mientras el consejero tiene previsto trasladar al Consejo de Gobierno la idea expuesta por los ayuntamientos. En este sentido, desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad insistieron ayer en que cualquier modificación de la Ley, que ha sido bien acogida por los ayuntamientos, se hará con el "consenso" de todos.

Respecto al decreto del Gobierno central para regular el pago a los proveedores, aspecto que ayer no se trató en la reunión con el Ejecutivo regional, las fuentes de la Fecam avanzaron que confían en que al final de esta semana haya ya "algunas pautas", establecidas por los técnicos de la Federación y de los propios ayuntamientos, para establecer una postura común al respecto.

En este sentido, las fuentes de la Fecam descartaron que el Ejecutivo canario asesore a los consistorios en este aspecto, y remarcaron que los técnicos municipales están "cualificados en la materia" para una cuestión como esta.