El Centro de la Familia de Tenerife está haciendo un esfuerzo importante para no cerrar su delegación de La Orotava, pero ya están al límite de los recursos económicos de los que disponen. Hace algún tiempo, cuando EL DÍA sondeó la situación en la que se encontraban algunas organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos en Tenerife, decía su director, Raimundo Moreno, que desde 2007, previendo que la situación económica se complicaría, ellos ya empezaron a realizar ajustes para que posteriormente, los servicios que gestionaban, no se viesen afectados.

Han pasado solo unas semanas y la situación ha cambiado ostensiblemente. En medio, lo único que se ha producido es una entrevista con los responsables de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que no llevaron a la reunión muy buenas noticias. Por segundo año consecutivo les vuelven a recortar la ayuda que les posibilita contar con una escasa pero efectiva plantilla de personal en el centro, eminentemente educadores, que ayudan a parejas con problemas, a cuenta de algún conflicto que bien podría tener origen en un divorcio o una separación traumática, tengan la mediación o la orientación familiar que ellos, y sobre todo sus hijos, necesitan para seguir manteniendo el contacto con ambos miembros de la pareja en un espacio fuera de su entorno y con personal especializado que les guía y asesora en el proceso.

Moreno está preocupado y lo que ha hecho ahora, después de que el año pasado les redujeran la aportación más de 40.000 euros y este año hayan sido otros 27.000, es rebajar los sueldos nuevamente. Para eso ha tenido que reunirse con el personal y plantearles que, o aceptaban un nuevo recorte o habría despidos, así que, de forma solidaria, han optado por el consabido recorte, pero a sabiendas de que esas cantidades ya son casi "una miseria para gente que tiene hipotecas", manifestó el director del Centro de Familia.

Bajo mínimos

De momento, mantienen la delegación de La Orotava bajo mínimos, "con lo que había, porque con menos no se puede", según dijo, es decir, con una pareja de trabajadores a media jornada, que asumen unos 30 casos. "Lo difícil será mover uno de esos casos que utilizan el servicio del Punto de Encuentro porque en cada familia emplean una media de dos años" así que, entre quienes están en la lista de espera y aquellos otros que se vayan sumando, tendrán que armarse de mucha paciencia porque no será fácil que quede un hueco libre.

Con respecto al que está ubicado en Tíncer, junto al Muñeco de Nieve, si hasta ahora eran unas 10 familias las que tenían que esperar una media de tres meses para acceder al servicio, la dirección estima que ahora se tripliquen y con una espera que no saben lo que durará, pero que estima será en torno al año.

Hace solo unos días, en sede parlamentaria, Inés Rojas, consejera del área, afirmó que justo Políticas Sociales era la única cuyo presupuesto había crecido en las cuentas de la Comunidad canaria, algo que desconcertó a los responsables de este centro cuando conocieron el calado del recorte aplicado.

Según explicó Moreno a EL DÍA, "alegan que los de Justicia no son del ámbito social y esto es un teme social!", argumentó. Eso sí, cuando acuden a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, allí les dicen que para eso no tienen dinero y solo disponen de una partida específica para sufragar las cuotas que abonan por los casos que les remiten haciendo uso del servicio de mediadores que tiene esta organización. Ahora están a la espera de que les reciba el director general del Menor y se puede "sacar algún dinero por ahí porque trabajamos con menores y con familias", resumió.

Esta misma semana, una nota de la Dirección General del Menor, resaltaba las excelencias del servicio de mediación en los casos intrajudiciales casos que, curiosamente, también son atendidos por los educadores del propio Centro de la Familia que están registrados como mediadores. Por eso Moreno destaca la importancia de la labor que realizan, con servicios que rondan el 90% de éxito debido a que sus usuarios, acuden voluntariamente y sin que exista obligación judicial de por medio.