El Gobierno de Canarias rechaza que sea el Estado el que dicte la legislación que imponga a la comunidad autónoma la constitución de registros de las explotaciones de titularidad compartida.
Por ello, recurrió al Tribunal Constitucional el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, un recurso que el Pleno del citado tribunal ha admitido a trámite, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En un comunicado remitido a Efe, el Ejecutivo Canario ha indicado que, a su juicio, "corresponde" a la comunidad autónoma, en virtud de su competencia en materia de agricultura, "la decisión de crear o no un registro administrativo de titularidad compartida, su carácter -declarativo o constitutivo- así como su regulación".
En el mismo texto, el Gobierno Canario señala que apoya esta iniciativa legal porque ofrece "una nueva figura jurídica de carácter voluntario que persigue promover esta modalidad de explotación agraria como vehículo para alcanzar la verdadera equiparación de las mujeres y hombres en esta actividad".
Sin embargo, insiste en que "no se estima adecuado que sea el Estado el que dicte la legislación que imponga a la comunidad autónoma la constitución y gestión de este registro de titularidad compartida en los términos que contempla la ley".
La Ley de Titularidad Compartida, de la que se estima que se podrán beneficiar unas 100.000 mujeres, fue aprobada en octubre con un amplio consenso en el Parlamento y entró en vigor el pasado 5 de enero, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
A finales de noviembre, el Gobierno de Canarias presentó un recurso de inconstitucionalidad por el citado artículo de la ley que ha sido admitido a trámite.