Los cabildos y ayuntamientos de Canarias reciben con preocupación el aviso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ya les dejó claro en sus primeras palabras dirigidas a las corporaciones locales que deben ajustarse más el cinturón para reducir el déficit. Ambos dejan claro que, tras cuatro años de ajustes previos, ya no tienen margen para bajar más los gastos.

Así lo explica la vicepresidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Elena Luis. La también alcaldesa de La Guancha supone que Rajoy se refiere a los ayuntamientos grandes de la península, "que tienen deudas y déficit importantes". Cree que en Canarias el problema no es la deuda, sino la falta de recursos, un problema que viene desde 2008.

Luis asegura que con respecto a 2007, los ayuntamientos canarios han perdido, de media, hasta el 40% de los recursos. "Entre eso, las devoluciones por las previsiones mal hechas derivadas del REF o los tributos del Estado de 2008 y 2009 y la situación del sector inmobiliario, la situación es muy complicada", explica.

A eso se suma, añade, que miles de ciudadanos se han quedado en el paro, muchos son de larga duración y ya no tienen derecho a la prestación, por lo que no pueden hacer frente al pago del IBI, el agua, la basura y todos los demás gastos corrientes, por lo que la situación de los ayuntamientos se ve empeorada.

Entre todo eso, "poco margen tenemos", alega. "Cuando se nos pide que nos apretemos más el cinturón, no sé qué más se puede hacer. La dificultad más grande son los servicios sociales y quienes buscan un trabajo con desesperación".

En este sentido, Luis recuerda que desde 2008 los ayuntamientos vienen haciendo recortes "importantes". "Las mayores dificultades las tenemos en los gastos de personal", explica.

"La congelación de los sueldos es un respiro, pero es insuficiente porque al bajar tanto los ingresos, el peso de esos gastos en los presupuestos municipales canarios supone, de media, del 60% al 70% del total", lamenta. Así, el margen para sufragar los servicios básicos es "muy pequeño".

"Es verdad que no es una generalidad, pero sí hay casos así, y si siguen bajando los gastos, el capítulo de personal seguirá subiendo en proporción y las dificultades serán mayores", advierte. "La intención de los municipios es mantener su plantilla en la medida de sus posibilidades porque es necesaria para la prestación de los servicios públicos", apunta, antes de admitir que hay algunos municipios canarios que ya han hecho pública la imposibilidad de pagar sus nóminas, por lo que "no solo peligra el pago al personal, sino la prestación misma de los servicios públicos".

Por su parte, el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, insiste en que el error en la previsión de ingresos tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado en 2008 y 2009 originó una situación delicada para los municipios, que en 2010 se vieron obligados a devolver la parte de más que recibieron en los ejercicios anteriores, justo cuando bajaron sus ingresos.

"Necesitamos que el Estado haga un esfuerzo para que los municipios puedan dotarse de financiación suficiente", afirma. "Parte de los problemas financieros de los ayuntamientos se deben a su mala previsión", justifica. "Debe ayudarnos porque es responsable, en parte, de la situación actual".

Y es que el 30% de los gastos de los ayuntamientos, añade, se destinan a competencias que no les corresponden en realidad, una realidad que se ha producido durante muchos años.

El consejero de Hacienda del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez Borrego, deja claro que hay un grado diferente de responsabilidad de cada administración en la deuda y el déficit de España.

En el segundo trimestre de 2011, apunta, las administraciones locales solo aportaban el 5% de la deuda nacional, con 37.000 millones de euros, de los que la ciudad de Madrid era responsable de 7.000. Las autonomías eran entonces responsable de otros 133.000 millones de deuda (19%), y el Estado tenía otro 72% (532.000 millones). En total, el endeudamiento suma 702.000 millones.

Además, de 2007 a 2011 la deuda de las regiones y del Estado subió, al tiempo que bajó la de las corporaciones locales. "El problema español de déficit y deuda pública se debe a las autonomías y al Estado en ese orden, con diferente participación", afirma.

Por ello, aunque admite que todas las administraciones están obligadas a colaborar, advierte de que la carga del esfuerzo debe ser "proporcional a la participación en la creación del problema". Así, "deben ir primero las comunidades autónomas y luego el Estado".

Pérez Borrego aboga por que las medidas que ponga en marcha el equipo de Rajoy tengan en cuenta ese criterio y la protección de la seguridad jurídica, pues cree que el Gobierno anterior hizo muchos cambios que "no ayudaron".