Los abogados de la provincia tinerfeña hicieron ayer pública su oposición a que agosto sea declarado mes hábil desde el punto de vista procesal.

Desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife se aseguró ayer que "la medida que pretende impulsar el nuevo ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, de habilitar procesalmente el mes de agosto, no ofrece verdaderas garantías de que cumpla con el fin inicial pretendido de desatascar el colapso actual de la administración" de justicia y la consiguiente agilización de los procesos.

A juicio de su decano, Víctor Medina, dicha medida causaría un "efecto negativo, generando aun más inconvenientes que ventajas, al entender que se trata de una medida absolutamente alejada de la realidad actual; en donde lo que efectivamente se conseguiría, es incrementar aún más el índice de juicios suspendidos porque las incomparecencias de partes, testigos y peritos, serían abundantes".

Tampoco puede olvidarse, según los letrados, que el sistema actual de inhabilidad de agosto es "la contrapartida legal a la disponibilidad plena de abogados y procuradores durante los restantes once meses del año, en los que no pueden invocar situaciones de descanso como causa para la suspensión de plazos o términos procesales".

Eliminar la inhabilidad de agosto supondría, a su juicio, "imponer la disponibilidad plena a los abogados y procuradores durante todo el año, lo que tendría que ser compensado con la previsión, como causa de suspensión de términos y plazos procesales, del disfrute de periodo de descanso anual por abogados y procuradores, previsión ésta que daría lugar a un incremento considerable de los retrasos judiciales existentes".

La inhabilidad general del mes de agosto no sería, por tanto, incompatible con su utilización para asuntos urgentes, tal como contempla la legislación vigente.

En resumen, "es un sentir generalizado que el problema de la administración de justicia no se va a resolver con medidas de este calado. En este sentido, ya se habían barajado como soluciones anteriores incorporar al funcionamiento de los juzgados las jornadas de tarde o aumentar los ratios de productividad".

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