El representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, el abogado José Luis Langa, espera que desde el Gobierno español el PP aplique con sensibilidad la Ley de Costas y señaló ayer que el verdadero interés general lo forman la cultura y la tradición.
José Luis Langa, secretario de Acción Jurídica del CCN, indicó que la Ley de Costas aprobada en 1988 y que solo se aplica en España, es injusta al aplicarse con carácter retroactivo, e insistió en que espera que el PP mantenga la posición previa a las elecciones generales, cuando se mostró partidario de aplicarla con sensibilidad.
Tener sensibilidad, en palabras de José Luis Langa, significa que debe tenerse en cuenta tanto la cultura como la tradición de cada núcleo de población afectado por la Ley de Costas por estar construido a menos de 100 metros del área costera.
Recordó que poblaciones como la de Igueste de San Andrés, barrio de la capital tinerfeña, y Valle Gran Rey (La Gomera), así como Ojos de Garza (Gran Canaria), son núcleos poblacionales consolidados y aplicar la Ley de Costas con carácter retroactivo supondría derribar viviendas que están registradas desde hace 100 ó 200 años.
Destruir
José Luis Langa dijo que Canarias nació, vive y morirá frente al mar, y añadió que zonas como las citadas son pueblos pintorescos que de estar en la Europa continental se rehabilitarían y protegerían por su interés turístico. Sin embargo, comentó, en España el dinero se emplea en destruir en lugar de rehabilitar.
Además, reconoce que en algunos casos habría que derribar construcciones porque se hicieron de forma indiscriminada, por lo que pide que se estudie cada caso y criticó que la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas desconoce cuántos deslindes se han hecho y cuántos quedan por hacer.
También aclaró que tener sensibilidad no significa ir contra la legislación, sino tener en cuenta tanto a los vecinos como a los ayuntamientos, a los cabildos y al Gobierno regional y comprobar si las viviendas están registradas.
Según Langa, en Europa "se llevan las manos a la cabeza" con lo que pasa en España con la aplicación de esta ley pues creen que en Canarias se debería aplicar con racionalidad.