El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de ámbito nacional en el que las autonomías adoptan medidas vinculantes en materia tributaria y presupuestaria, aún no tiene fecha, pero en Canarias ya se intuye cuál será el orden del día: previsión de recaudación, de liquidación, la negociación para las devoluciones pendientes al Estado y los temidos recortes que el Gobierno central impondrá a las regiones, aparte de ir preparando la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por lo pronto, lo que está claro es que el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico, Javier González Ortiz, trasladará al ministro del área, Cristóbal Montoro, su oposición tanto al establecimiento por ley de un tope de gasto -y de deuda- a las comunidades como la vigilancia de sus cuentas que anunció este mismo mes el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Montoro tiene previsto reunirse esta misma semana con los consejeros económicos de las autonomías que gobierna el PP, mientras que el resto de comunidades (Canarias, Asturias, Andalucía y Cataluña) quedarán pendientes para una cita posterior, todavía sin fecha.
Por eso, el departamento que dirige Ortiz prefiere no adelantar qué postura adoptará en los temas que, previsiblemente, se pondrán sobre la mesa. Lo que sí se deja claro desde ya es que el Archipiélago encuentra redundante fijar por ley un límite al gasto y al endeudamiento de las comunidades, cuando hoy día ya existe un máximo que las regiones no pueden superar.
Como se recordará, en la legislatura pasada el CPFF adoptó el acuerdo de déficit máximo en que podrían incurrir las autonomías para el año pasado y para el actual, que es el 1,3% de su Producto Interior Bruto (PIB). El del Estado, por otro lado, no podrá superar el 4,4% de su PIB en este ejercicio.
Y ese es justo el problema. El límite del déficit español -que para 2011 estaba fijado en el 6% y que se incumplió, aunque aún está por ver por cuánto- no lo fijó España de forma autónoma, sino que es una imposición de Bruselas -empujada por Berlín- y que, difícilmente, podrá ampliarse. Por eso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere enviar una señal inequívoca tanto a la UE como a los bancos de que España pagará su deuda bajo cualquier circunstancia.
Para lograrlo, el Ejecutivo central busca restringir el ámbito autonómico en materia presupuestaria y ahora deja caer la posibilidad de imponer un control previo a las cuentas de las comunidades, de manera que pueda atajar así el déficit de las regiones. Se trata de una solución que, según adelantan desde la oposición y los sindicatos, es de dudosa legalidad. Además, cuenta con la abierta oposición de las autonomías más incumplidoras, como Cataluña, que ya anunció que buscará la manera de burlar la imposición.
En todo caso, Canarias está entre las regiones -según asegura el propio Gobierno regional- que sí cumple con el techo de déficit adoptado por el CPFF, por lo que encuentra inaceptable la propuesta de De Guindos. Desde el departamento regional de Hacienda se insiste en que el consejero y su equipo técnico irán a Madrid con la "predisposición" de oír lo que el Gobierno tenga que decir en ambos asuntos.