Denunciar lo que es, a todas luces, una vulneración del derecho internacional les puede costar muy caro a 18 activistas de la causa saharaui que, el pasado 5 de octubre, se tiraron al agua en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una pancarta alusiva a la "expoliación" de arena del Sahara Occidental por algunas empresas canarias. La Autoridad Portuaria y la Subdelegación del Gobierno en la provincia han iniciado contra ellos procedimientos sancionadores que podrían suponer el pago de hasta 60.000 euros de multa para cada uno.
Para evitarlo, ayer presentaron alegaciones ante ambas entidades, ya que entienden contradictorio que se les sancione a ellos "en lugar de castigar a las empresas y al barco arenero y señalar que el Gobierno de Marruecos expolia recursos que no le pertenecen", expuso Sara Mesa, del colectivo Saharacciones.
El problema de la arena saharaui es similar al de la pesca en aguas de este territorio ocupado por Marruecos, cuyo gobierno ha ignorado las reiteradas resoluciones internacionales que exigen su descolonización. Precisamente, el Parlamento Europeo rechazó recientemente la prórroga del convenio pesquero entre el país magrebí y la UE, entre otras razones por incluir aguas saharauis.
Según las asociaciones denunciantes -Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Western Sáhara Resource Watch, Asamblea Por Tenerife y la propia Saharacciones-, la venta de recursos de esta zona (arena, pesca, minerales, entre otros) reporta a Marruecos más de 4.000 millones de euros al año. En cambio, la comunidad internacional solo dona un 0,9% de esta cantidad en concepto de ayuda a los refugiados saharauis.
Tolerar esta situación equivale, en su opinión, a "prolongar la situación de ocupación ilegal y exilio de los saharauis".
Por lo que respecta a la arena, es desembarcada en los puertos de las Islas y utilizada por empresas dedicadas a la explotación de áridos. De hecho, según las cifras que maneja Western Sáhara Resource Watch, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas son las provincias españolas que reciben un mayor volumen de este material procedente de Marruecos.
A juicio de estos colectivos, el proceso sancionador incoado representa "una vergonzosa arbitrariedad" al "criminalizar a quienes, ejerciendo el derecho a la crítica y la libertad de expresión, denuncian un expolio tan devastador para el pueblo saharaui", que además "no ve un dólar" en este negocio.
La actuación contra su protesta se enmarca, a su entender, en "la estrategia general de abuso de poder, por parte de los gobiernos marroquí y español y de empresas multinacionales, que se aprovechan de la indefensión de la población saharaui, que no posee ningún aparato legal que garantice sus derechos".
La futura sanción no ha arredrado a los activistas, que ya preparan nuevas acciones para denunciar la situación que vive el pueblo saharaui. Sara Mesa anunció la próxima celebración, el 21 de enero, de una manifestación en Santa Cruz que partirá de la plaza Weyler. "La población española apoya estas movilizaciones y la causa saharaui", precisó Mesa.
la clave