La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda deja intacta la partida presupuestaria de la prestación canaria de inserción (PCI) para este año, a pesar de que con esa misma cuantía el año pasado solo pudo conceder ayudas hasta el mes de agosto. Así lo confirmaba ayer el Gobierno canario en la firma del acuerdo de financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas con los municipios de las Islas.

De esta manera, el presupuesto para las PCI se mantiene en los 4.584.520 euros, exactamente la misma cantidad que el ejercicio que acaba de terminar.

Los esfuerzos realizados desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales durante los últimos meses para que el Gobierno reforzara la partida no han encontrado respuesta alguna, como confirmaba ayer su presidenta, Rosa Belén Luis, para quien "con toda seguridad los fondos se agotarán en siete u ocho meses o antes".

Y es que durante 2011, y por tercer año consecutivo, la Consejería se quedó sin fondos para la concesión de este tipo de ayudas básicas durante el verano, por lo que todas las personas que la pidieron a partir del mes de agosto se encontraron con que tenían que esperar hasta la llegada del nuevo año (y del nuevo presupuesto) para empezar a cobrarla, aunque se les hubiera reconocido su derecho.

La PCI persigue que aquellas unidades familiares canarias que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas -esto es, alimentación, vestido, vivienda, etc- tengan un soporte económico que a la vez les permita contar con los recursos mínimos para llevar una vida digna y les ayude a reforzar las potencialidades que posean para lograr ser autosuficientes.

"Hemos mantenido reuniones con la consejera, Inés Rojas, y nos consta que desde los municipios se le pidió insistentemente que aumentara la partida de las PCI, pero desde un principio nos manifestó que la situación económica no se lo permitía y se ve que así ha sido", aclaraba ayer Luis.

"Tal y como están las cosas, parece que casi que hay que alegrarse de que no se haya recortado la partida, aunque sepamos ya de antemano que va a ser insuficiente", afirmó ayer la dirigente de la organización colegial.

No obstante, el hecho de que durante los cuatro últimos meses del año no se concediera ninguna PCI nueva, pero sí que continuaran registrándose solicitudes, hace que sean centenares las personas que tienen derecho a recibirla desde que los fondos estén disponibles, a las que habrá que sumar las que se vayan presentando nuevas, por lo que la previsión es que los fondos se acaben incluso antes.

"Los ayuntamientos no pueden más porque no tienen dinero ya para casi nada, así que si la PCI se agota no sé qué soluciones se les podrá dar a estar personas que, en su mayoría, no tienen ningún tipo de recursos económico y subsisten gracias al Banco de Alimentos o a ONG como Cáritas", subraya la representante de los trabajadores sociales.

Precisamente los retrasos en el cobro de las ayudas, pese a tener reconocido el derecho durante meses, propició que medio centenar de ciudadanos de Arona protestasen contra "la mala aplicación" de la PCI.

Con consignas como "consejera, cumple la ley", "son nuestros derechos, no es una limosna", "Más ley y menos mentiras", "Ley de Prestación Canaria de Inserción, un engaño" y "No me juzgues, entiende mi circunstancias", trataron de obtener el compromiso de la consejera de que esta situación no se repetiría en 2012, algo que parece difícil si se tiene en cuenta que la partida va a ser la misma y que la demanda no ha parado de crecer.