El Partido Popular y Nueva Canarias pidieron hoy al Gobierno autonómico que incremente el fondo de financiación municipal en 2012, porque los ayuntamientos "están asfixiados" y la dotación prevista de 234 millones de euros es insuficiente para el mantenimiento de los servicios a los ciudadanos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, que compareció en comisión parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento para 2012, aseguró que la subida en la dotación del fondo, un 4,68 por ciento más que en 2011, es ya "un esfuerzo impresionante" para el Gobierno de Canarias y subrayó que "ni uno solo" de los 88 alcaldes se ha quejado.

Hernández Spínola indicó que los ayuntamientos tienen además otras fuentes de financiación, como los tributos del REF y el fondo de cooperación local del Estado.

"No sabe de lo que habla", reprochó el consejero al diputado del PP Emilio Moreno Bravo, quien había definido el presupuesto de 2012 como "antimunicipalista", porque se condena a los ayuntamientos a no poder atender los servicios públicos a los vecinos, a la asfixia económica y a la morosidad con empresas y autónomos.

Para Moreno Bravo, el presupuesto no recoge las aspiraciones financieras de los ayuntamientos para atender las "emergencias sociales" que tienen que afrontar como consecuencia de la crisis económica.

Por Nueva Canarias, la diputada Carmen Hernández coincidió en que los ayuntamientos están asfixiados, se ven obligados a aplicar expedientes de regulación de empleo y no pueden afrontar los gastos acumulados.

Afirmó la diputada que "el aumento del fondo canario de financiación municipal es insuficiente" y reclamó que el Gobierno de Canarias asuma al menos el coste de servicios que son más propios de la comunidad autónoma, como las escuelas infantiles, el fomento del deporte, las políticas de juventud y sanitarias y el apoyo a la educación.

Hernández Spínola argumentó que el fondo ha aumentado un 4,68 por ciento, cuando el presupuesto autonómico en su conjunto sólo lo hace en un 1,4, lo que a su juicio refleja el "esfuerzo impresionante" del Gobierno de Canarias.

Aseguró que ningún alcalde se ha quejado y recordó que el Ejecutivo acaba de "inyectar" otros 24 millones de euros a los ayuntamientos por la revisión del fondo municipal de 2007.

El consejero garantizó que en Canarias no desaparecerá ningún ayuntamiento ni cabildo, aunque dijo que el Gobierno va a intentar reordenar las competencias para evitar duplicidades entre administraciones.

Hernández Spínola explicó ante la comisión el resto de partidas presupuestarias de su departamento, que gastara el próximo año 206 millones de euros, un 22 por ciento más.

Destacó que este aumento del gasto se centra en las partidas destinadas a justicia, una de las prioridades del Gobierno.

Prueba de ello, argumentó, es que en 2011 la justicia representaba el 1,8 por ciento del presupuesto autonómico y en 2012 será el 2,3.

Eso supondrá 166 millones de euros en 2012, un 8,05 por ciento más, con lo que se pretende concluir los edificios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna y financiar el turno de oficio, que se llevará 21,3 millones de euros.

Hernández Spínola aclaró que no se creará en Canarias ninguna nueva oficina judicial en 2012, al igual que en el resto de España.

El consejero dijo que el presupuesto garantiza la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, a pesar del recorte de un 5 por ciento en el Instituto Canario de la Mujer.

Ese recorte se producirán en personal, gastos corrientes y campañas de sensibilización, pero no en las subvenciones para la red de centros de asistencia, afirmó.

La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández se mostró de acuerdo con la distribución del gasto en líneas generales, excepto en lo relativo a la dotación del fondo municipal y al recorte en el Instituto Canario de la Mujer.

Emilio Moreno Bravo, del PP, consideró que como el presupuesto está basado en previsiones macroeconómicas "ficticias" no se va a poder aplicar y sufrirá alteraciones en todas las partidas.

Moreno Braco criticó la "falta de previsión absoluta" para la creación de nuevos órganos judiciales y que la justicia gratuita se aplique sin control, de manera que se benefician del turno de oficio ciudadanos que pueden pagarse un abogado.