Las universidades canarias han amenazado con ir a los tribunales para reclamar la deuda que, a su juicio, mantiene con ellas el Gobierno regional si el presupuesto autonómico no recoge el compromiso de abonarla, no necesariamente en 2012. Sin embargo, la perspectiva de un conflicto judicial no ha arredrado al consejero de Educación, José Miguel Pérez, quien ayer, durante la presentación en el Parlamento de las cuentas de su departamento, sostuvo que "no es serio" comprometerse a pagar estas cantidades en un futuro próximo cuando "no va a ser posible" hacerlo.

El problema parte, según Pérez, de que "o el contrato-programa (el acuerdo mediante el que el Ejecutivo financia a las universidades) es demasiado ambicioso o hay un error por alguna parte". Aunque no dudó de la "buena intención" con que se negoció, sí advirtió de que será necesario trazarse "objetivos más realistas". En este sentido, insistió en la conveniencia de "ir hacia un nuevo contrato-programa" que permita "recuperar poco a poco el camino perdido".

Habrá que ver si esta opción convence a los rectores de la ULL y la ULPGC, que ya han dejado claro que el modelo financiero del sistema universitario de las Islas debe basarse en una ley que dé estabilidad de recursos a los centros, un proyecto que, como han recordado al consejero, figuraba en el programa electoral de su formación política, el PSC-PSOE.

En cuanto a la opinión de los rectores sobre "el grado de cumplimiento" del actual contrato-programa, "no está definida por una evaluación de ambas partes", indicó el consejero. Eduardo Doménech y José Regidor han hablado de que el Gobierno tiene contraída con sus instituciones una deuda cercana a los cincuenta millones de euros.

Pese a todo, José Miguel Pérez mostró su convencimiento de que el presupuesto dispone de los recursos suficientes para que las universidades puedan "cumplir sus objetivos".

La enseñanza universitaria es uno de los capítulos del documento económico que sufren un descenso respecto al ejercicio actual -un 1,7%, menos que la previsión inicial, que rondaba el 5%-, pero, en su conjunto, las cuentas educativas aumentan un 0,3%, un incremento con el que, auguró el consejero, podrán acometerse los principales objetivos que se ha fijado su departamento: "garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, modernizar las herramientas educativas y, sobre todo, reforzar la lucha por el éxito escolar y el combate contra el abandono prematuro".

De hecho, las partidas destinadas a los niveles educativos desde Infantil a Formación Profesional crecen un 2,2%. La elevación del gasto en personal docente permitirá, afirmó Pérez, cubrir las sustituciones del profesorado.

Por parte del PP, Maribel Oñate definió el presupuesto de la Consejería como "sin ilusión y triste" y denunció que "se ha limitado a repetir el anterior, cambiando solo algunas cositas".

Tanto Oñate como la representante del grupo mixto (Nueva Canarias), Carmen Rosa Hernández, recriminaron al consejero la falta de fondos para la implantación y generalización de la educación infantil de cero a tres años. En este punto, José Miguel Pérez fue claro: "Si desarrollamos esta etapa desde el punto de vista educativo, habría que hacerlo con toda la población, y no solo con los centros que gestionan los ayuntamientos (que, según sus estimaciones, solo atienden al 8% de los niños de esa edad). Hoy no hay dinero para soportar ese gasto", admitió.

El debate incluyó algunos "recados" entre CC y PSOE, socios de gobierno, pues los segundos, por boca de la diputada Rita Gómez, celebraron que con el nuevo presupuesto educativo Canarias "empieza a acercarse a Europa", mientras que el nacionalista Nicolás Gutiérrez recordó que solo en los dos ejercicios anteriores bajaron las cuentas del departamento después de años de crecimiento.