El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno canario, Javier González Ortiz, ha destacado hoy, tras reunirse con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que las partidas destinadas a las corporaciones locales en los presupuestos regionales de 2012 crecen un 6%.

Así lo ha manifestado el consejero en un comunicado después de que la FECAM reclamara el pasado 3 de octubre la apertura de negociaciones con los grupos parlamentarios para que se incluyan en las cuentas de la comunidad autónoma del próximo año partidas por valor de 12 millones destinadas a las escuelas infantiles, la rehabilitación de viviendas rurales y ayudas a la emergencia social.

Tras el encuentro de hoy, González Ortiz ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha realizado un gran esfuerzo para minimizar el impacto de la crisis en las cuentas de los ayuntamientos, consciente de que realizan una labor de prestación de servicios sociales desde el ámbito más cercano a los ciudadanos.

Así, el consejero ha asegurado que el Gobierno canario seguirá trabajando para colaborar con los ayuntamientos, si bien gha advertido del "poco margen de maniobra" que tiene la comunidad autónoma dadas sus "limitadas" posibilidades económicas.

En su opinión, una muestra del esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional en relación con la financiación de los ayuntamientos se constata en el incremento de las partidas destinadas a las corporaciones locales dentro los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012, que crecen "en casi un 6 por ciento".

Además de asegurar que el Ejecutivo canario "nunca ha presupuestado créditos destinados a emergencia social al no formar parte de sus competencias", González Ortiz ha subrayado que las transferencias a los ayuntamientos son, junto a las de educación y sanidad, de las pocas partidas que suben en las cuentas para 2012.

El titular de la Consejería regional de Economía, Hacienda y Seguridad pidió a todas las administraciones públicas que den prioridad en sus presupuestos a las partidas con las que se financian los servicios públicos básicos y garanticen así su prestación, "como ha hecho el Gobierno de Canarias".