Los afectados por la Ley de Costas se quejan de que están desinformados sobre si los deslindes que prevé esta normativa afectarán o no a sus viviendas ubicadas en núcleos poblacionales como Cho Vito (Tenerife), Valle Gran Rey (La Gomera) o Famara (Lanzarote).
Así lo indicó ayer el representante en Canarias de la asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa, quien indicó que ya se dirigió al Diputado del Común para conocer con exactitud cuáles son los asentamientos costeros perjudicados.
"Por el momento, Europa en principio nos apoya", afirmó Langa en rueda de prensa, quien hizo hincapié en que los ciudadanos están pasando por un "vía crucis" al no saber si sus viviendas tienen que ser derribadas.
Según afirmó, "Europa está queriendo conocer las situaciones dramáticas que se producen en Canarias al objeto de esta ley".
Ley "injusta"
Langa también aseguró que la defensora del pueblo, María Luisa Cava, afirmó que la ley "es injusta" en casos como el del Cho Vito, Igueste de San Andrés, Santa Lucía, Los Roques o Valle Gran Rey.
Esta normativa "agrede a la historia, a la cultura y al sentimiento de un pueblo", afirmó, al mismo tiempo en que se preguntó "qué deslindes se han ejecutado y cuáles se han proyectado ejecutar". Langa criticó que esta normativa no preserva el medio ambiente y los derechos humanos de forma conjunta, pues "la protección de las personas no se está teniendo en cuenta aunque parece una obviedad", remarcó.
El representante de la asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas fue más allá y afirmó que nunca se ha informado a los ciudadanos la repercusión que tendría esta ley. Rehabilitar y acondicionar en vez de derribar es la propuesta de Langa, quien lamentó que no se tenga en cuenta el interés general ni las peculiaridades de Canarias, una comunidad que se ha construido de cara al mar.
El Parlamento de Canarias ya solicitó por unanimidad al Gobierno central el traspaso de las competencias en materia de costas, o al menos que la Comunidad Autónoma pueda participar conjuntamente con el Estado en su gestión.
La Cámara regional reclamó también al Ejecutivo central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Costas, aprobada en 2009 para evitar la aplicación de la Ley de Costas estatal a los asentamientos costeros en el litoral de las islas.
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