El curso escolar ha arrancado sin la conflictividad de años anteriores. Asociaciones de padres de alumnos y sindicatos del profesorado están de acuerdo en ello, pero también advierten de que, más allá de lo que consideran "un leve maquillaje" -"positivo, porque es necesaria cierta tranquilidad"-, reclaman medidas para afrontar los problemas que aún presenta el sistema educativo canario, y que en algunos casos han empeorado, advierten.
Estas medidas deben concretarse en un pacto "social, político y dotado económicamente", que incluya una ley de financiación de la educación dirigida a garantizar que se cuente con los recursos suficientes. No se trata -explicó José Ramón Barroso, de Comisiones Obreras- de exigir un incremento inmediato de los presupuestos educativos, sino más bien un aumento "progresivo y creíble".
Barroso compareció ayer junto a representantes de los sindicatos Docentes de Canarias-Insucan y UGT, la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) y la Federación Insular de Tenerife de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fitapa) para ofrecer su opinión sobre los primeros compases del curso. La mayor agilidad en el nombramiento del profesorado interino y sustituto para cubrir vacantes y bajas ha posibilitado que la crispación esté ausente del proceso, según la comunidad educativa, que, no obstante, no se siente satisfecha de cómo se están desarrollando los acontecimientos en muchos aspectos.
José Ángel Amador, de Docentes de Canarias-Insucan, los detalló: supresión de grupos en Formación Profesional y "más alumnos sin plaza que nunca" en estas enseñanzas, eliminación de un segundo maestro para grupos mixtos de primero y segundo de Primaria, masificación de las aulas y reducción de las plantillas de los centros en unos 450 profesores.
En este caso, y según las organizaciones sindicales, lo negativo y lo positivo están estrechamente relacionados: los recursos siguen disminuyendo, pero se han "desviado" de unas actuaciones a otras, lo que ha permitido que el nombramiento de los docentes se produzca en tiempo y forma.
Profesores, familias y estudiantes insistieron en la necesidad de "dejar al margen el circo político" y trabajar en la concreción de un pacto que, además de aportar estabilidad y recursos suficientes, favorezca la reducción de las desigualdades y la atención a la diversidad, promueva las nuevas tecnologías y los idiomas, impulse la formación del profesorado y fomente la participación, entre otros objetivos.
Las dificultades que impone la crisis económica no deberían ser, según estos colectivos, una excusa para no alcanzar el acuerdo. En lo económico, además de reiterar que no se pretende un aumento inmediato, sostienen que "hay otras formas de atajar el déficit".