La juez que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación provisional del servicio de hemodiálisis en dos hospitales canarios ha asegurado hoy que no puede "aventurar si continuará o no" el llamado caso Lifeblood, porque queda numerosa información por analizar, y ha añadido que dependerá mucho de lo que valore la Fiscalía.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, la magistrada Victoria Rosell, ha hecho estas manifestaciones a los periodistas, tras haber tomado declaración durante las jornadas de ayer y hoy a los tres imputados.

La juez tomó declaración ayer, martes, al administrador único de Lifeblood, Javier Jorcano, y a la exsecretaria general técnica de la Consejería de Sanidad Lourdes Quesada, y hoy ha interrogado durante más de cinco horas al abogado Javier Artiles, que fue asesor externo como jurista de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad, así como del Servicio Canario de Salud, y supuestamente negoció con la Caja de Ahorros Canarias un aval para que la empresa pudiera asumir la adjudicación de ese servicio.

Rosell ha dicho que es mucha la documentación y la información que se ha aportado por parte de los imputados y son muchas las explicaciones que se han dado y que tiene que analizar, por lo que ha señalado que no puede "aventurar si continuará o no" el caso.

El fiscal Luis Rodríguez, delegado para actuar en este proceso por el fiscal Anticorrupción del Estado, Antonio Salinas, ha manifestado también que han sido unas declaraciones "muy largas", sobre cuyo contenido no se ha pronunciado.

Rodríguez ha dicho que las posibles acusaciones que se puedan formular por parte del Ministerio Fiscal dependerán del resultado de toda la instrucción. Y ha explicado en este caso es la juez quien lleva el "impulso" de la instrucción, por lo que la acusación pública se pronunciará cuando esté concluido todo el material.

Javier Artiles, que se representó a sí mismo como letrado, ha declinado hacer manifestaciones a los periodistas sobre su declaración "hasta que la juez no se pronuncie".

A la toma de declaración de Artiles también han asistido el abogado de Jorcano, Pedro Padilla, y de Quesada, un letrado del Servicio Canario de la Salud, y ninguno de los dos ha querido hacer manifestación alguna sobre el caso.

La magistrada investiga posibles irregularidades en la adjudicación provisional del concurso convocado en 2010 para los servicios de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín de la capital grancanaria y José Molina Orosa de Lanzarote, cuando era titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario Mercedes Roldós (PP).

El concurso fue posteriormente anulado por el nacionalista Fernando Bañolas, quien sustituyó en el cargo a Roldós, tras romper los populares el pacto de gobierno autonómico el mismo día en que se publicaba la adjudicación provisional a Lifeblood.