Lograr que todos los municipios cuenten con planes de ordenación territorial adaptados plenamente a la normativa vigente, la simplificación legislativa y la obtención de la gestión de la costa, son los ejes de actuación en política territorial del Gobierno de Canarias.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlamento de Canarias.

El consejero ha indicado que el objetivo más inmediato de su gestión es la elevación al Consejo de Gobierno del anteproyecto de la Ley de Armonización en materia de protección territorial, con la que se pretende clarificar la asignación de responsabilidades y competencias y simplificar los procedimientos de tramitación del planeamiento.

Los cambios en el ordenamiento legal permitirán clarificar los deberes y derechos de los propietarios afectados en los procedimientos de declaración y el régimen jurídico de las zonas que forman parte de la Red Natura 2000, ha explicado Domingo Berriel.

El consejero ha subrayado, además, la necesidad de que todos los municipios cuenten con planes adaptados a la normativa vigente, por lo que todas las políticas a implementar por la Consejería en materia de política territorial, ha dicho, pasan por aplicar criterios de planificación y racionalidad que aporten seguridad.

Otro eje de actuación de la Consejería que dirige Domingo Berriel radica en el diálogo con el Gobierno de España para la materialización de las transferencias de gestión del dominio público del litoral canario, que permitirá al Ejecutivo autonómico dotar de una mayor coherencia a la ordenación integral del territorio.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Jorge, ha criticado que existe una "hipertrofia legislativa" en el archipiélago desde el punto de vista territorial, ya que quedan "muchas cosas por hacer" y no se puede poner a Canarias como un ejemplo de legislación ambiental y territorial.

El popular ha agregado que la estructura del Gobierno es un "medio disparate", porque, a su juicio, "no parece lógico que Ordenación del Territorio y Medioambiente se separen de consejerías y queden sin una mínima relación departamental".

Miguel Jorge ha argumentado que la decisión no se tomó para elevar el rango del medioambiente, sino para este área en un "departamento tan ajeno a las políticas territoriales como es el de Educación y Universidades".

Domingo Berriel ha respondido que "hay quien piensa" que Medioambiente no debe estar con Ordenación del Territorio, ya que de una forma más independiente puede ejercer un control medioambiental a las acciones que se hacen sobre el territorio.

De cualquier forma, el consejero ha afirmado que está "acostumbrado a entenderse con todos" y se ha mostrado "convencido de que no habrá ningún problema de interlocución".

Román Rodríguez, portavoz del grupo mixto, ha destacado que es necesario diseñar un sistema de regulación del planeamiento "más claro, sencillo, seguro y corto" que permita que cada uno de los niveles de la administración desempeñe su función.

Además, ha asegurado que su formación es partidaria de la "insularización de la estructura de planeamiento" y que lo sustancial de los planes de ordenación "recaiga en los cabildos, algo que respondería a la historia y eficacia del funcionamiento".

En este sentido, Emilio Mayoral (PSOE) ha indicado que es muy importante que se deje claro el marco competencial, para evitar así que se produzcan duplicidades entre varias administraciones.

Mayoral ha explicado que el planeamiento debe entenderse como un "instrumento dinamizador" de un desarrollo sostenible que garantice la seguridad jurídica, para lo que es necesario "una simplificación de los procedimientos" que hagan "más ágil su tramitación ante la administración".