Francisco Hernández Spínola (Lanzarote, 1957) es desde el pasado lunes consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, un departamento desde el que quiere acelerar la reforma del Estatuto de Autonomía y en el que tendrá que afrontar dos grandes retos en la Administración de Justicia: su modernización y llevar el sosiego a los funcionarios.

¿Se siente consejero por seis meses?

En absoluto. Hemos hecho un acuerdo para cuatro años y trabajo en el departamento con planes y proyectos para este tiempo. En ningún momento hemos pensado que éste es un Gobierno transitorio, con fecha de caducidad. Trabajamos para toda la legislatura.

¿Cuáles van a ser los objetivos de su Consejería?

Hay una parte muy sustancial que tiene que ver con las administraciones públicas, y otra que es la Justicia, un servicio público esencial que tenemos que mejorar sustancialmente. Para ello es necesaria una combinación de modificaciones de tipo legal, que ha de hacer el Estado, un proceso de modernización, por aplicación de las nuevas tecnologías, y adaptar las infraestructuras. Para ello hay en marcha dos obras emblemáticas: los palacios de Justicia de La Laguna y Las Palmas, que esperamos culminar el próximo año. Además, la Consejería va a trabajar en un nuevoplan de obras judiciales, teniendo en cuenta, eso sí, las dificultades económicas.

¿Y qué se priorizará en Igualdad y Juventud?

Hay que desarrollar la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres aprobada en 2010. En este asunto se ha avanzado, pero queda mucho trabajo por delante. Además, será un objetivo irrenunciable la lucha contra la violencia de género. No podemos bajar la guardia. De la situación de la juventud, lo que más me preocupa es su situación de desempleo. Los jóvenes deben ser bien formados para que puedan lograr trabajo. La situación económica ha de cambiar, pero hay que hacer planes de choque especiales para fomentar el empleo en los jóvenes, y eso habrá que concertarlo con otras áreas.

De vuelta a la Justicia, ¿cómo va a afrontar el conflicto que ha generado el polémico programa Atlante II, que el PSOE usó como arma electoral?

No voy a esconder que se han generado problemas en el aplicativo del Atlante II, pero en este momento desconozco las incidencias que se están produciendo en la gestión ordinaria. He pedido un informe para conocer al detalle lo que está ocurriendo y cuáles son las dificultades que presenta. A partir de ahí me pronunciaré.

¿Y qué va a pasar con la remuneración de los funcionarios que vienen reclamando que se les adeudan cantidades desde hace años?

No podemos olvidar el contexto de crisis y de la contención del gasto. Antes de tomar ninguna decisión, lo más sensato es conocer el estado de la cuestión y para eso el departamento tendrá contactos con ellos. A partir del conocimiento de la situación tomaremos las medidas oportunas.

Se ha comprometido a acelerar la reforma del Estatuto de Autonomía antes de que finalice la legislatura, pero si se adelantan las elecciones no daría tiempo. ¿Conviene darse prisa?

Canarias necesita un nuevo Estatuto. Se ha modificado un paquete importante a lo largo de esta última legislatura, pero no lo ha hecho Canarias. Esta tierra necesita un mayor grado de desarrollo competencial y que se equipare a aquellos textos estatutarios de última generación. Eso sí, con las peculiaridades y las especialidades de una comunidad autónoma singular como es la nuestra. El Gobierno se propone llevar adelante esa reforma. ¿En qué momento? Estará en función de las prioridades que se marquen, y todavía no las hemos definido. Es evidente que la convocatoria de elecciones generales es un elemento importante a tener en cuenta, y estoy seguro de que el Gobierno regional lo tendrá a la hora de establecer su calendario legislativo. Pero que no quepa la menor duda de que para nosotros es una prioridad la reforma estatutaria, con mayores competencias, pero también con una prestación de los servicios públicos de calidad.

¿Y la reforma electoral?

En esa reforma del Estatuto se deben contemplar los principios de la modificación del sistema electoral, que luego se desarrollarán en una ley del Parlamento de Canarias. Eso precisa consenso, un gran acuerdo político, por tanto invitamos al PP y a Nueva Canarias a llevar a cabo esa reforma que se ha demorado 30 años y que es necesario ejecutar ya. Por eso esta legislatura es tan importante, tan trascendente. Este es un gobierno sólido, fuerte, que está, por lo menos, en condiciones de intentarlo.

Reconocerá que éste es el mejor momento para afrontar la reforma, con un gobierno socialista en Madrid y en Canarias...

Sí. Eso facilita la tramitación de la reforma, pero como queremos que sea consensuada, con un amplio apoyo político, es importante que en Canarias se sume el PP. Lo vamos a intentar.

El PP ha asegurado que hará una oposición constructiva. ¿Lo cree?

Confío en que así sea. Sería lo adecuado, lo que corresponde en un momento de dificultad. Los ciudadanos esperan que todos arrimemos el hombro, que haya consenso y acuerdo en todas las grandes decisiones.

¿Cómo va a afrontar el ajuste de competencias con cabildos y ayuntamientos?

Lo importante es establecer una metodología, analizar las competencias que tiene ahora mismo cada administración para luego ver con detalle dónde se producen las disfunciones. Cuando contrastemos esa información, debemos articular una ley que delimite, de una vez por todas, las competencias que cada una de ellas va a efectuar. Se podría producir con esa ley un ahorro público sustancial que agradecerán los ciudadanos, porque en estos momentos se dan situaciones de gastos injustificados. Hay que ser más eficientes con los recursos públicos.

Otro de sus propósitos es sacar adelante una Ley de la Función Pública. ¿En qué se va a basar?

La ley actual es de 1987 y precisa una urgente modificación. No admite más demora la presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley de Función Pública. Hay un trabajo hecho por el anterior Ejecutivo que vamos a tener en cuenta, y a partir de ahí vamos a dialogar con los representantes de los empleados públicos para conocer su opinión sobre ese texto. Pero con la firme voluntad de que a lo largo de la legislatura se apruebe esta norma.

¿Comparte la opinión de algunos representantes públicos de que sobran funcionarios en Canarias?

En algunos departamentos sobra personal y en otros falta, por tanto lo que hay que hacer es un estudio de la situación del desempeño de las funciones de los empleados públicos, en función de la carga de trabajo, y proceder a la reasignación. Antes de proceder a nombrar nuevos funcionarios lo que hay que hacer es reasignarlos.

De su Consejería se ha desligado Seguridad. ¿Por el escepticismo del PSOE con la Policía Canaria o el miedo de CC a que hubiese problemas al respecto?

Fue un asunto en el que no se planteó ningún problema en la medida en que CC tenía interés de asumir las competencias en materia de seguridad y el PSOE en no asumirlas, por razones obvias. Hemos tenido una posición muy clara respecto de la Policía Canaria y pensamos que en este momento, siendo una realidad, lo mejor era que esta responsabilidad correspondiese a CC. Hubo pleno acuerdo.

¿La van apoyar, por tanto?

Por supuesto.

Ha defendido estos días que Canarias debe asumir más competencias. ¿No había dicho que era mejor gestionar bien las que había que pedir nuevas?

No creo que haya dicho eso. Siempre he sido partidario de que Canarias tenga un techo de competencias asimilable a cualquier otra comunidad.

Por último, ¿entiende la frustración de los votantes socialistas tras pactar con Coalición Canaria después de tantos años de críticas a este partido?

El PSOE, sus militantes, han reflexionado mucho sobre lo que ha ocurrido en Canarias los últimos 18 años. En todo ese tiempo el PSOE ha estado en la oposición, ha perdido y ha ganado elecciones. Las últimas en 2007, con 26 diputados. En ese momento sí se puede hablar de frustración, pues pese al respaldo masivo de los ciudadanos no consiguió gobernar. Esta no es la situación de 2011. El PSOE no ha obtenido un buen resultado electoral, pero ha retornado al Gobierno. La situación de la mayoría de los militantes, o, por lo menos, lo que a mí me llega a través de los órganos del partido, es que lo que hay es una situación de expectativa y esperanza, porque el PSOE tiene ahora una gran oportunidad de mostrar a los ciudadanos que sus políticas se pueden llevar a la práctica.