Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) rechazan las críticas contra los 20 liberados que el Gobierno regional autorizó el pasado mes de abril y niegan que su aprobación se vincule a la negociación que ambas organizaciones mantienen con el Ejecutivo canario para reivindicar los derechos de los empleados públicos suprimidos de forma unilateral por el Ejecutivo en la Ley de Presupuestos de este año.
Al respecto, el secretario general de UGT, Gustavo Santana, expresó ayer que "puede llegar a entender la crítica" de Intersindical Canaria y del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) en esta materia. Ambos ven con suspicacia que UGT y CCOO se hayan hecho con esos liberados en la precampaña electoral y los acusan de aceptar un intercambio por el que el Gobierno se habría garantizado la ausencia de huelgas en mayo, cuando se efectuaron los comicios municipales y autonómicos.
"Su crítica es parcial y saben que los liberados se autorizaron en el marco de la concertación para desarrollar esos acuerdos", añadió Santana.
Por su parte, CCOO recuerda en una nota de prensa que esta polémica no es nueva y que ya en su momento respondieron a "los mismos argumentos, que venían de los mismos acusadores".
Sobre los acuerdos que dan pie a la decisión, CCOO sostiene que son "públicos y conocidos" y que "los sindicatos, en general, no tienen liberados por regalo de los gobiernos, sino por un derecho constitucional que algunos viven empeñados en ignorar, incluso dentro del propio movimiento sindical".