Las organizaciones estatales Ecologistas en Acción y Greenpeace, con el apoyo de Ben Magec-Ecologistas en Acción y EcoOcéanos, presentaron en febrero ante la Defensora del Pueblo una extensa queja contra la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del Catálogo de Especies Protegidas, la cual ha sido aceptada a trámite.

Las asociaciones ecologistas denunciaron la manera en que fueron tratados los artículos 3, 5 y 7, la Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria Única punto 5, así como los anexos de la Ley 4/2010, donde "la suma de todas las especies que aparecen reflejadas ahí da como resultado más de un centenar menos que las reconocidas como protegidas en 2001", señalaron a este periódico desde Ben-Magec-Ecologistas en Acción.

La queja de los colectivos ecologistas hacía especial hincapié en el acuerdo entre Gobierno canario y el Gobierno estatal para que este último no presentase ante el Tribunal Constitucional un recurso ante la inconstitucionalidad de la ley que otorga menor protección en Canarias a algunas especies protegidas en el Estado.

Cabe señalar que "el catálogo canario es el único en el Estado que se aprobó como ley y no como decreto, lo que evita que sea recurrido por inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, en base a las múltiples ilegalidades que contiene", explicaron los ecologistas en un comunicado.

Al aprobarse como ley únicamente podía ser recurrido ante el máximo tribunal por parte de 50 parlamentarios estatales, la Defensora del Pueblo o el Gobierno Central. En los dos primeros casos, en un plazo de tres meses y, en el último, en nueve meses.

El escrito de la Defensora del Pueblo admite las posibles múltiples irregularidades del catálogo denunciadas por los ecologistas, incluyendo entre ellas el haber sido objeto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el canario.

La única irregularidad que no admite la oficina del Defensor del Pueblo es la relación entre el catálogo y el puerto de Granadilla, debido a que es un asunto actualmente pendiente de resolución judicial, cuestión en la que la Defensora del Pueblo tiene prohibido intervenir hasta que la decisión se produzca.

la matanza

Continúa la duda de la Pimelia

El Ayuntamiento de La Matanza continúa a la espera de que la Vicenconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias confirme la existencia o no de ejemplares de Pimelia radula o Pimelia tinerfeña común en la zona conocida por El Montillo. Este escarabajo fue declarado en peligro de extinción, según el último Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. Atan había denunciado las obras de un parque, aprobado por la Cotmac, en ese lugar del municipio norteño, motivo por el cual el consistorio ha pedido que se demuestre la existencia de esa especie.