PARECE que el Gobierno de Canarias revisará con mucho cuidado los recursos que se presenten contra la decisión de la mesa de evaluación de solicitudes de las emisoras de FM que serán concedidas en Canarias. El criterio del Gobierno será, al parecer, estudiar concienzudamente estos recursos antes de proceder a la adjudicación definitiva de las emisoras.

Porque la decisión de la mesa de expertos (¿?), comunicada ya a los "agraciados", ha causado verdadera indignación -diríamos, incluso, que escándalo- entre las empresas canarias que se han presentado al concurso y que no han obtenido resultados favorables. Calificativos muy gruesos contra miembros de la mesa corren ya por los pasillos y por los mentideros profesionales.

Emisoras de radio que irán a parar a empresarios ajenos al sector, a cadenas peninsulares, a grupos sectarios de clara influencia socialista y a instituciones que nada tienen que ver con la información, el periodismo y la comunicación. Los criterios de la mesa han sido realmente extraños, a la vista del resultado de su deliberación, que será elevado al Gobierno de Canarias dentro de quince días, una vez que los interesados aporten certificados de ausencia de deudas a la Agencia Tributaria Española, a la Hacienda Canaria y a la Seguridad Social.

Es intención del presidente del Gobierno revisar con lupa la decisión de la mesa y desde el Ejecutivo parece que se anima a los perjudicados a la presentación de recursos, que generarán gastos cuantiosos a los aspirantes que han quedado fuera del concurso, que tiene muchos visos de ser declarado nulo por los tribunales, a juzgar por las opiniones de algunos expertos consultados.

Hay que tener en cuenta que muchos de los no admitidos en esa famosa lista son empresas y empresarios modestos, que han creado muchos puestos de trabajo, pero que en unos momentos en que los medios de comunicación canarios atraviesan la peor crisis de su historia han realizado un verdadero esfuerzo económico para conseguir los avales exigidos, para redactar los proyectos y para cumplir con todos los requisitos del concurso. No hay derecho a que los hayan dejado fuera, ni tampoco a grupos mediáticos de solvencia reconocida e isleños por los cuatro costados. En beneficio de empresas de fuera que vienen, de nuevo, a colonizar el espacio radioeléctrico canario. Y bajo el mandato de un Gobierno que se llama nacionalista.

Tendrán que rectificar y esperemos que lo hagan con sensatez y sentido común. Porque tras una boutade de los expertos (¿expertos en qué?) tienen que llegar otras decisiones igualmente objetivas que los supuestos expertos no alcanzan a apreciar, en sus cortas miras.