Comisiones Obreras (CCOO) Canarias ante la composición de los nuevos gobiernos en las diferentes instituciones del archipiélago ha solicitado que los programas se centren en el empleo, la atención a las personas y la recuperación de la legitimidad social de la actividad pública.
CCOO ha recordado que, tras las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, la situación económica que se atraviesa ha producido finalmente el "deterioro de la legitimidad social de las instituciones y de los agentes que conforman su funcionamiento".
Agregó el sindicato, en un comunicado, que desde el inicio de la legislatura se debe establecer como prioridad política, además de la recuperación económica y, "en el mismo plano de importancia", la recuperación de la legitimidad de las instituciones democráticas.
Para ello, apuntan que debe constituirse formalmente las nuevas mayorías y minorías de las instituciones, así como formalizarse los pactos entre partidos en instituciones que no registran mayoría absoluta de ninguna forma, siendo la "única herramienta posible" para constituir grupos de gobierno, "estables y duraderos, con la capacidad de poner en marcha los proyectos por los que han recibido el respaldo de la ciudadanía".
"Pero siendo legítimos los pactos entre partidos y la constitución de mayorías acordadas, no deja de ser cierto que para que esos pactos no constituyan un nuevo ejercicio de rebaja de la legitimidad de las instituciones, deben estar sustentados en programas de gobierno, públicos, explícitos y transparentes", apuntilló.
Por ello, CCOO ha asegurado que valorará la composición de los grupos de gobierno "en función de su programa y no de los partidos que lo compongan". Asimismo, ha insistido en que mantiene el compromiso para impulsar acciones relacionadas con las prioridades que, consideran, deben reunir los programas, tales como la reactivación económica, la generación de empleo "digno y con derechos como mecanismo mas eficiente" de generación y reparto de la riqueza.
Además, añaden la necesidad de que recojan la prestación de servicios públicos de calidad como mecanismo esencial de la cohesión social y de la actividad económica, reformando las administraciones públicas para hacerlas "mas eficientes y capaces".