El Gobierno de Canarias ha publicado hoy, en el Boletín Oficial de Canarias, las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones en Canarias, cuyo objetivo principal es asegurar la disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de telecomunicación necesarias para garantizar el acceso de calidad por ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas a los cambiantes servicios de telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
En un comunicado, el Ejecutivo regional explicó que las citadas directrices pretenden, asimismo, asegurar la implantación e integración de las Redes de Seguridad y Emergencias en toda la Comunidad Autónoma, de modo que se asegure su fiabilidad y disponibilidad.
Como directrices sectoriales, las Directrices de Ordenación regulan el modo en que debe realizarse por el planificador el estudio territorial y urbanístico para llevar a cabo la previsión en el planeamiento de la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones.
Así, teniendo en cuenta, además, que las infraestructuras de las telecomunicaciones son esenciales para el desarrollo de la Sociedad de la Información y, por ende, para el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión social de Canarias, las Directrices imponen al planificador la previsión del cumplimiento de unos objetivos ambiciosos de cobertura, pero siempre teniendo como criterios de toda intervención la protección de la salud de los ciudadanos, la del territorio y la de los recursos naturales.
En consonancia con la Ley 11/2009, de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, y dentro del marco de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, la nueva ordenación fija, asimismo, como objetivos prioritarios asegurar la implantación uniforme de los servicios de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información en todas las Islas, en atención a sus condicionantes demográficos y económicos; cubrir las necesidades, presentes y futuras, de servicios y tecnologías de la información y la comunicación para los ciudadanos, y reducir la presencia sobre el territorio de estas infraestructuras al mínimo razonable, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los operadores por la legislación estatal de telecomunicaciones.