Canarias es la Comunidad con el tercer precio más caro por metro cúbico de agua, 2,14 euros, frente a los 1,45 euros que vale de media en España, según datos publicados hoy por la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).

Una organización que reúne al 80 por ciento de las concesionarias nacionales de agua potable del país, casi todas privadas, y que prevé que las tarifas que se cobran a los usuarios por estos conceptos suban por los costes de producción, según se señaló en una rueda de prensa de presentación de sus trigésimo primeras jornadas, que se celebran en Cartagena (Murcia).

En ella, el presidente de AEAS, Roque Gistau, ha señalado que los ciudadanos no pagan lo que cuesta producir el agua, de ahí que el precio de su suministro y del saneamiento vaya a seguir subiendo, además de por tener que dar cumplimiento a la directiva marco del Agua de la Unión Europea.

Según el último estudio de tarifas de AEAS y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones, en 2010 el precio medio del agua para el usuario doméstico fue de 1,45 euros por metro cúbico (m3), un 3,6 por ciento más que en 2009.

Las diferencias de precio entre las distintas zonas geográficas españolas obedecen a factores de disponibilidad, calidad, proximidad de los recursos hídricos, procesos, técnicas y costes necesarios para la potabilización y depuración del agua, y de la evolución en los últimos años se infiere que el porcentaje de precio correspondiente al servicio de saneamiento gana peso en el total.

La tabla de tarifas facilitada hoy por Gistau revela que la región de Murcia paga el metro cúbico (m3) de agua para uso doméstico más caro de España, a 2,37 euros (1,57 euros por el recurso en sí y 0,8 por el mantenimiento de las redes de saneamiento), y Castilla y León, el más barato, a solo 0,88.

Tras la de Murcia, las comunidades autónomas españolas que más cara pagan el agua son, por este orden, Baleares (2,2 euros/m3), Canarias (2,14 euros/m3), Cataluña (1,97 euros/m3) y Andalucía (1,43 euros/m3, dos céntimos menos que la media nacional).

Después de Castilla y León, donde menos se paga por el agua de uso doméstico es, por este orden, en Castilla-La Mancha (0,97 euros/m3), Galicia (1,05 euros/m3), Aragón (1,08 euros/m3) y País Vasco y la Comunidad Valenciana (1,1 euros/m3).

Cuatro décadas después de que la desalinización se introdujera en España, la capacidad nacional de producción anual es de 1.100 hectómetros cúbicos -el 70 por ciento de agua marina y el 30 por ciento de salobre-, la tercera mayor del mundo.

Tras un proceso de ampliación territorial progresiva, las más de 700 desalinizadoras existentes en España, aunque el 90 por ciento de la capacidad total está concentrada en un centenar, se distribuyen fundamentalmente por Canarias, Baleares y el litoral mediterráneo peninsular: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, además de algunas regiones del interior que tratan aguas salobres.

Aunque en las dos primeras décadas utilizaban diferentes tecnologías de evaporación, estas se encuentran casi en desuso, pues la técnica dominante hoy es la ósmosis inversa para el agua marina, y la electrodiálisis para la salobre en el interior peninsular.

Según AEAS, esta modernización ha logrado una mejora "impresionante" de la eficiencia energética, pues los consumos se han reducido desde entre 40 y 50 kilovatios por m3 desalinizado de los primeros tiempos hasta los actuales entre 3 y 3,5.

La reducción de los costes de producción, hoy en torno a los 0,70 euros por m3 en grandes plantas, ha convertido a la desalinización en un recurso competitivo con las aguas superficiales y subterráneas en zonas con problemas de escasez y sequía que requieren seguridad en cantidad y calidad en el suministro para el abastecimiento urbano y actividades como el turismo o la agricultura mediterránea, de mayor valor añadido, señala AEAS.

Por su contribución a una gestión hídrica más sostenible ambientalmente, la desalinización, que reduce la sobreexplotación de ríos y acuíferos sin producir impactos significativos, y que puede flexibilizar el ajuste de oferta y demanda, es en España un recurso estratégico plenamente incorporado a la planificación hidráulica.