Más de año y medio después de iniciarlo, el Gobierno canario ha cerrado en el sector de la enseñanza el proceso para modificar los criterios que rigen las listas de trabajadores interinos y sustitutos, con la intención de conferir un mayor peso a las notas de las oposiciones en detrimento de la experiencia y la antigüedad, y lo ha hecho sin que disminuya el malestar de los afectados.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado martes la orden que regula el polémico decreto 74/2010 -que motivó continuas movilizaciones del profesorado durante los últimos meses de 2009 y la primera mitad de 2010-, pero las quejas persisten, tanto sobre el procedimiento empleado y los plazos consumidos como sobre el contenido.

Respecto a lo primero, el sindicato docente ANPE, mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha advertido de que "los dos meses largos transcurridos desde que la presidencia de la Mesa Sectorial decidió concluir aquel simulacro de comisión técnica (en la que se discutieron los aspectos de la norma referidos específicamente al profesorado) hasta la publicación de la orden pasarán factura, con total seguridad, a la organización del nuevo curso".

El temor de esta organización sindical es que la acumulación de retrasos derive en un nuevo "colapso" de las aplicaciones informáticas de la Consejería, dado que la tardía publicación de las listas de interinos y sustitutos demorará también los nombramientos y provocará una "avalancha de solicitudes y peticiones de destino", superior a la que suele darse cada inicio de curso, que, según ANPE, ya suele ser "una aventura de final imprevisible" incluso "en condiciones normales y con una adecuada planificación de los procedimientos administrativos".

En cuanto al contenido, los representantes del profesorado mantienen sus reservas sobre el hecho de que sean los resultados de las oposiciones los que decidan en caso de empate entre interinos en la lista. El proyecto de decreto inicial, al que los sindicatos dieron su visto bueno el año pasado tras meses de negociaciones, decía exactamente lo contrario y situaba la experiencia laboral como factor de desempate. Tras la sorpresa que supuso la publicación del decreto con esta modificación, las organizaciones del profesorado reconocieron sentirse "engañadas" por el Ejecutivo regional.

Otros aspectos del texto que han suscitado el rechazo de los sindicatos son que afecte con carácter retroactivo a quienes se retiraron de las oposiciones de 2010, que los méritos evaluables se limiten a la actuación en las oposiciones y la experiencia docente y que no se contemple entre ellos la formación o haber superado la oposición varias veces, y que no valore de forma especial los servicios prestados en Canarias.

"Con esta orden disminuyen las expectativas de empleo de quienes ya estaban en las listas y no se da una solución satisfactoria a los centenares de aspirantes a impartir docencia", concluye ANPE.