La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, acordó decretar "el cese por causa de inidoneidad" de la jueza sustituta María del Pilar Huerta, como consecuencia de su actuación en el Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
El CGPJ explicó en un comunicado que la decisión se ha tomado una vez examinada la documentación recibida, y el informe del Ministerio Fiscal, favorable a la disposición del cese.
La jueza había ejercido una sustitución en el Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife desde septiembre de 2009 hasta marzo de 2010. Tras finalizar su labor la jueza "desapareció" con cerca de doscientos procedimientos, cuyos juicios había presidido y no había dictado sentencia después de más de un año.
La alerta de este caso fue dada por los abogados Ignacio Cestau, Carlos Berastegui, Juan Eusebio Rodríguez Delgado, Cristina Edodey Coleto y Olivia Concepción, quienes denunciaron ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el retraso en sus procedimientos. Según los letrados, no se conseguía localizar a la jueza sustituta, pues esta estaba "desaparecida".
Fue a raíz de esta denuncia cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió abrir diligencias informativas sobre este asunto, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial comenzó a tramitar un expediente disciplinario contra esta jueza por el retraso en el despacho de las causas.
Tras ser localizada por la Policía Nacional el pasado mes de marzo, la jueza fue citada hasta en dos ocasiones para comparecer ante la Justicia y explicar lo ocurrido, aunque no fue hasta el segundo requerimiento, el pasado lunes, cuando se personó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Pilar Huerta Sánchez primero declaró por una posible infidelidad como funcionario en la custodia de documentos en la Fiscalía. Este proceso penal le fue abierto por el Consejo General del Poder Judicial, y está penado con entre 1 y 4 años de prisión.
A continuación, se personó ante el magistrado que instruye su expediente disciplinario por el retraso del dictado de la sentencias.
Según explicó la abogada de la jueza tras la comparecencia del pasado lunes, Pilar Huerta alegó problemas personales para justificar el retraso del dictado de las sentencias.