El candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, Aurelio Abreu, ha culpado directamente a Coalición Canaria "de ser la responsable de que las Islas estén a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia, con el menor número de personas evaluadas y atendidas, y recibiendo la prestación que la Ley les concede como derecho, no como gracia o favor".

Esta desidia, según recoge un comunicado, deriva en que el Archipiélago pierda millones de euros que podrían llegar desde el Gobierno central si el Ejecutivo autonómico estuviese al día con las evaluaciones de personas dependientes.

El candidato socialista afirmó que "tenemos los recursos humanos y materiales para poner a las Islas en cabeza de la atención a personas dependientes, sólo se necesita voluntad política para optimizarlos", y añadió que "hasta ahora CC ha venido tratando la evaluación de los dependientes como quien hace un favor y espera que se lo agradezcan, cuando en realidad es un derecho reconocido por la ley".

Abreu ha insistido en multitud de ocasiones en su propuesta de crear en la Isla un "anillo insular" de políticas sociales, que acerque la atención social a los ciudadanos en sus lugares de residencia, con infraestructuras que atiendan a menores, tercera edad, discapacitados o personas en riesgo de exclusión social, entre otros colectivos.

El candidato socialista ha propuesto "residenciar la competencia en los Ayuntamientos, bajo el liderazgo del Cabildo, que para eso es la primera institución insular, y dotando a los Consistorios del apoyo humano y técnico que necesiten, de forma que, por comarcas, se pueda dar una respuesta más ágil a los ciudadanos que deseen acogerse a la Ley de Dependencia".

Para Abreu, "una política social que atienda verdaderamente las necesidades de los ciudadanos pasa por dos puntos fundamentales: uno es propiciar el máximo grado de coordinación posible con todas las Administraciones, procurando siempre que los Ayuntamientos estén en condiciones de atender al ciudadano, y el otro es garantizar que los recursos que se distribuyan entre las entidades, lo hagan bajo criterios claros y con un pliego de condiciones consensuado con las organizaciones que vayan a estar afectadas".

A juicio de Abreu, "el sector sociosanitario de Canarias podría estar generando empleo, y nuestros ciudadanos ejerciendo sus derechos plenamente, si el cumplimiento de la Ley de Dependencia no estuviera en manos de CC, que ni cree en esta legislación ni ha hecho nada por llevarla a la práctica".