"Los trabajadores son los que mandan". Así de resignado se mostraba ayer uno de los dirigentes sindicales con representación en la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), tras la decisión adoptada por los empleados de aceptar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa y que afecta 65 trabajadores.

La decisión se tomó el pasado viernes día 8 en una asamblea de trabajadores, en la que los empleados de GMR decidieron, por mayoría y tras negociar las condiciones que estableció la empresa, continuar con la tramitación del ERE.

A saber, y según explicó este dirigente sindical, los trabajadores afectados por el ERE, 65, cobrarán a razón de 30 días por año trabajado. En sus contratos figuraba que fueran 33, por tanto gran parte de la negociación giró sobre este aspecto.

Además de estos 65 empleados, la empresa ha decidido no renovar el contrato a otros 8 trabajadores, por tanto el total de afectados es de 73.

A estos hay que unir, además, otros 21 que ya fueron despedidos el pasado mes de enero.

Seguridad alimentaria

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo, las distintas organizaciones sindicales con representación en GMR ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron que con los recortes de personal que se querían aplicar en la empresa no estaba garantizada la seguridad de la cadena alimentaria.

Advirtieron, incluso, de que podrían dejar de controlarse enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse al ser humano. Se referían a la tuberculosis, la brucelosis y la salmonelosis.

Además, denunciaron que la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias retenía 1,8 millones de euros transferidos por el Gobierno estatal y que son esenciales para la viabilidad de la empresa.

En este sentido, el representante sindical consultado ayer por este periódico indicó que "habrá que esperar ahora" a que se proceda a reestructurar al personal tras la aplicación del ERE, pero advirtió de que "los servicios se van a ver recortados".

Gestión del Medio Rural es una sociedad mercantil pública que depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que preside Domingo Berriel, cuyo objeto social es el comercio al mayor de frutas, verduras, queso y vino, además de asistencias técnicas, consultorías y prestación de servicios.