La Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobada este miércoles, autoriza en su disposición adicional séptima la modificación de contratos en el ámbito de infraestructuras de la Administración de Justicia cuya puesta en funcionamiento produzca "minoración de gastos en concepto de arrendamientos".
Es el caso de las obras de los palacios de Justicia de las ciudades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, actualmente en construcción, sobre las que también han incidido las políticas de contención del gasto público, impuestas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera a todas las Comunidades Autónomas, según ha informado el Gobierno regional.
Como se recordará, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha reiterado en diversas ocasiones "la posibilidad de llegar a acuerdos con las empresas constructoras para encontrar sistemas de financiación que posibiliten que estas dos Edificios sean una realidad que contribuya al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia en Canarias". La Ley aprobada facilita que los contratos actuales puedan adaptarse a la modalidad del pago del precio "a plazos".
Esta posibilidad, iniciativa del consejero autonómico, permitiría concluir el Palacio de Justicia de Las Palmas en enero de 2012 difiriendo el abono de su gasto hasta 2013; y finalizar las obras del Edificio de Juzgados de La Laguna, en febrero de 2012, retrasando su pago total hasta 2013. La disposición entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.