¿El empeño de la Administración por mejorar los resultados escolares puede traducirse en presiones sobre el profesorado para que eleven las notas de sus alumnos? El sindicato docente ANPE tiene claro que la respuesta es sí. Según esta organización, mayoritaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, "distintos representantes de la Administración educativa" -en referencia a los inspectores- aprovechan sus visitas a los centros para "coaccionar" a los docentes, "relacionando directamente las calificaciones que ponen a sus alumnos con su implicación en el aula, su actualización pedagógica o su nivel de profesionalidad".
ANPE asegura que ha recibido "numerosos testimonios y peticiones de ayuda" de sus afiliados, pero la Consejería de Educación ha negado tajantemente la veracidad de sus acusaciones. "Es responsabilidad de esta Administración hacer un seguimiento exhaustivo de los resultados educativos y analizar todos los indicadores que puedan incidir en la mejora del éxito escolar, incluida la práctica docente, sin que esto suponga, en ningún caso, cuestionar su independencia o profesionalidad", alega el Gobierno.
De hecho, la Consejería anima a ANPE a acudir a los tribunales si entiende que se ha vulnerado la ley y recuerda que "los representantes sindicales conocen las vías legales que pone a disposición el Estado de Derecho".
Por su parte, el sindicato exige una investigación de lo sucedido y una rectificación por parte de la Consejería de Educación, a la que reclama que "abandone inmediatamente" estas prácticas.
"Hace unos meses nos llegaron ciertos rumores y entonces pensamos que se trataría de una mala interpretación o tal vez de un exceso de celo de algunos representantes de la Administración poco acostumbrados a hablar en público", relata ANPE.
Sin embargo, la creciente frecuencia de estos comentarios ha convencido al sindicato de que existe una "maniobra orquestada por la Consejería para reducir a marchas forzadas los preocupantes índices de fracaso escolar que cada informe oficial sobre el sistema educativo pone en evidencia" para "mayor sonrojo" de los responsables políticos de la Comunidad Autónoma.
Lo que ANPE define como un "disparate" forma parte, a su juicio, "del gigantesco fraude que se está cometiendo desde hace más de un año, en el que se han dejado sin cubrir las sustituciones del personal docente en los centros públicos de enseñanza y se ha obligado al profesorado, con la imposición de los mal llamados planes de sustituciones, a ejercer de cuidadores o vigilantes de nuestra juventud cada vez que un docente no puede asistir a clase".