"Esta fundación es un instrumento útil para la Comunidad Autónoma -el único posible para actuar en el exterior- y tiene el tamaño adecuado, por lo que no será objeto de los recortes previstos en el sector público regional". Así defendió ayer la Fundación Canaria para la Acción Exterior el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno regional, José Miguel Ruano, ante las críticas del portavoz socialista en la materia, Inocencio Hernández, que abogó por su supresión.
El Parlamento ayer debatió una comunicación del Ejecutivo sobre este organismo que tanto el Partido Popular (PP) -con tibieza- como Coalición Canaria (CC) -con vehemencia- defendieron de las críticas socialistas sobre su estructura y funciones.
La comisionada de Acción Exterior del Gobierno regional, Elsa Casas, explicó en la Cámara regional que, como la Comunidad no tiene capacidad para actuar como tal en el extranjero, Canarias optó -como otras autonomías- por crear una fundación para cumplir objetivos como la atención de los emigrantes isleños o canalizar la ayuda a la cooperación y el desarrollo.
Según Casas, la fundación solo cuenta con dos trabajadores -su responsable y un asistente-, si bien admitió que en su "pequeña" estructura entran otros seis en la oficina de Caracas, dos en Bruselas, dos más en Madrid y uno en Cabo Verde "pero con contratos realizados bajo la legislación de esos países".
"¿Y acaso todos esos empleados no cuentan?", se preguntó Hernández antes de insistir en que las circunstancias de Canarias "ya no son las de antes" y, por ese motivo, el PSC rechaza la creación de una nueva dirección general -la de la fundación- "más cuando la Administración autonómica ya cuenta con una estructura suficiente para cumplir estos fines".
En todo caso, Ruano defendió -como Casas- la existencia de esta fundación que "solo tiene un capital de 30.000 euros y unos gastos corrientes anuales de 146.000 euros", por lo que es la "más pequeña" de Canarias.