El diputado socialista Domingo Fuentes Curbelo aseguró ayer que el documento suscrito entre el Gobierno regional y la familia de Eduardo Chillida para retomar el proyecto de la Montaña de Tindaya "no crea una fundación", razón por la cual remarcó que "nos produce la desconfianza más absoluta que esa visita del presidente -Paulino Rivero- se enmarque en la estrategia electoral que han hecho los sucesivos gobiernos de usar sin escrúpulos a la familia Chillida".

En una rueda de prensa que ofreció junto al portavoz parlamentario socialista, Francisco Hernández Spínola, Curbelo sostuvo que su formación está a favor del "proyecto artístico" de Chillida, "porque era un valor añadido a los encantos culturales de Fuerteventura", pero denunció que "los sucesivos gobiernos -de CC y PP- se han encargado de ensuciar y enfangar un proyecto hermoso".

"Chillida, sí; el proyecto de Tindaya, también, pero más escándalos y pufos, no", resumió Domingo Fuentes la postura del PSC sobre el polémico proyecto ideado por el escultor vasco hace 18 años.

A juicio de los socialistas, que han exigido al Gobierno regional que remita al Parlamento el documento firmado con la familia Chillida y "que no han querido hacer público", nada ha cambiado en los antecedentes que han convertido el "monumento a la tolerancia" ideado por el artista vasco en "una de las historias más graves de la Comunidad Autónoma y una estafa a las arcas públicas, a la memoria de Chillida y al pueblo de Fuerteventura".

Curbelo insistió en que sobre el proyecto siguen pesando los lastres de "litigios abiertos, que las empresas Necso y FCC sigan considerándose los adjudicatarios, que los terrenos no sean de la Comunidad Autónoma o que no se sepa qué va a pasar con la empresa Proyecto Monumental de Tindaya, que en su 50% está formada por la empresa Cabo Verde".

"Hasta ahora el proyecto de Tindaya nos ha costado 30 millones de euros", detalló el diputado socialista, quien se preguntó qué empresa, en tiempo de crisis, va a desembolsar "casi 80 millones de euros" para ejecutar el proyecto.

Curbelo sentenció, además, que una encuesta realizada por el PSC revela que ha incrementado el número de detractores a la idea de Chillida, "que ha pasado de un 2% a un 26%, mientras que sólo un 46% la sigue defendiendo".

Por otra parte, el portavoz parlamentario socialista, Francisco Hernández Spínola, pidió ayer "un pacto por la productividad" de los empleados públicos autonómicos, que estaría vigente entre 2012 y 2015 y que sería negociado con los representantes sindicales.

Además, avanzó que el PSC propondrá en su programa electoral una reforma "profunda" de la administración autonómica con una reducción de la estructura del Gobierno regional y más competencias para los cabildos.