Las próximas elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán el próximo mes de mayo, estrenarán los nuevos preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), que, entre otras novedades, suprime el voto municipal para los emigrantes y limita el gasto público en las campañas electorales.

Sobre el primer aspecto, Coalición Canaria (CC) se ha mostrado en contra al entender que los emigrantes canarios mantienen vivos sus vínculos con su tierra, tienen propiedades, pagan sus impuestos y han ayudado con sus ahorros durante décadas a los familiares que quedaron aquí sin recursos. PSOE y Partido Popular, en cambio, han justificado la aprobación de esta modificación con el argumento de que con el sistema actual el color político de un ayuntamiento o un escaño del Congreso pueden ser decididos por el voto de ciudadanos que nunca han residido ni residirán en ese municipio o circunscripción electoral.

Al margen de esta divergencia, donde sí ha habido consenso entre los tres partidos citados es en el segundo aspecto modificado: la reducción del gasto público en las campañas electorales. La crisis económica ha motivado una revisión de las cantidades que desde el erario público se destinan a gastos electorales, intentando evitar así el "dispendio" en el que se habían convertido estos procesos.

Con este cambio del marco normativo se circunscribe, además, la publicidad al periodo estricto de la campaña, por lo que la publicidad electoral en los distintos soportes publicitarios sólo podrá realizarse en los quince días estrictos de campaña. También extiende la prohibición de contratar espacios de publicidad electoral, hoy vigente para los medios de titularidad pública, a las emisoras de televisión privada.

Estos cambios, cuyo alcance aún genera dudas entre los propios representantes políticos regionales, abren, no obstante, un nuevo abanico de posibilidades, desde el punto de vista estratégico, para afrontar las próximas elecciones.

Por ejemplo, desde el PP canario, la vicesecretaria de Organización e Innovación, María del Carmen Hernández Bento, avanza que desde el punto de vista del gasto "la gente no entendería otra cosa que no fuera austeridad, por tanto una campaña con derroches sería contraproducente".

Para evitarlo, indica, los populares apuestan por hacer "actos diferentes", que se alejen de los típicos mítines electorales. "Lo importante es que la gente pueda intervenir, y para ello se han hecho ya convocatorias a través de las nuevas redes sociales", precisa Hernández Bento, quien remarca que "los actos que se convertían en autobombo no tienen sentido, por tanto es preferible hacer cosas más sectoriales, en pequeños grupos, en los que la gente pueda opinar".

"Esta es la línea que hemos seguido a lo largo del último año y es la que vamos a seguir en campaña", abunda.

El secretario de Organización de CC, José Luis Perestelo, es menos trascendente a la hora de analizar los efectos que para su formación puede tener la reducción del gasto electoral. Considera Perestelo que cada día hay más información y que, por tanto, hay que ser más consciente de que las elecciones "no se ganan por una buena o mala campaña, ni por una imagen, sino por el trabajo de cuatro años".

En este sentido, el también diputado nacional de CC respalda que se limite el gasto público para este fin, y no duda de que las nuevas tecnologías, "en las que algunos llevan ya mucho tiempo", son una herramienta fundamental.

Sin embargo, no todas las formaciones políticas están a favor de la última modificación de la LOREG. El coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife y candidato de esta formación al Cabildo tinerfeño, Ramón Trujillo, cree que el cambio que se introduce en la ley es "negativo" para partidos como el que representa, en tanto en cuanto en la práctica premia a los partidos con apoyos empresariales y castiga a quienes no los tienen. "Se discrimina un poco más a los partidos que no están financiados por el poder del dinero", denuncia.

Al respecto, incide Trujillo en que lo que habría que hacer es limitar el papel del dinero en las campañas electorales, esto es, "que costaran menos". "El gasto electoral debería ser menor, porque su finalidad es discriminar a los que no tienen grandes cantidades de dinero respaldándolos", apunta el político de IUC, para quien la modificación de la LOREG "deja en manos de la financiación empresarial la capacidad de los partidos para llegar a la ciudadanía".

"Reducir la financiación pública sin renunciar a la privada de las campañas electorales es aberrante, porque lo que hace es poner la política, todavía más, en manos del dinero", subraya Ramón Trujillo.

En este sentido, el candidato de IUC al Cabildo de Tenerife avanza que para su formación la próxima campaña electoral será, en este aspecto, "igual".