Las razones son varias, aunque sobre todas ellas parece girar una común: la crisis económica. Canarias ha dejado de ser la atractiva región que suministraba trabajo, para pasar a ser la comunidad autónoma con los índices de paro más altos del país. Por ello, no es de extrañar que tras al fulgurante crecimiento de población que experimentó en las últimas décadas, en gran medida por personas llegadas de otros países, las perspectivas de futuro no sean del todo positivas.
Hace poco, y como conclusión de un debate, precisamente, sobre el futuro de las Islas, el alcalde de Las Palmas y ex presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, advertía de que había acostumbrarse a ver emigrar a los jóvenes licenciados canarios. Es sólo un ejemplo.
Las proyecciones a corto plazo sobre crecimiento poblacional del INE ponen de manifiesto que en la próxima década la población en Canarias seguirá creciendo, pero a un ritmo mucho menor a como lo había hecho hasta ahora. Si entre los años 2000 y 2010 el aumento de habitantes fue superior a 200.000 en las dos provincias, en los próximos diez años este crecimiento apenas será de 36.000 personas.
Según el INE, la población canaria en el año 2020 rondará los 2,1 millones de habitantes, esto es, unos 73.000 más que los censados el 1 de enero del año que acaba de finalizar, 2.088.214. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística cifra en 1.112.175 los habitantes de la provincia de Las Palmas en 2020, mientras que la cifra de Santa Cruz de Tenerife sería de 1.048.956 personas.
Se desprende de los datos del INE que el promedio anual de aumento de habitantes se situaría en el Archipiélago en unas 3.600 personas en la próxima década, una cantidad bastante inferior a la que se registró en los últimos diez años, 20.000.
No obstante, y en función de las proyecciones del INE, la ralentización en el crecimiento poblacional no va a afectar sólo a Canarias, sino que es un fenómeno que se extenderá a lo largo de todo el territorio nacional. Así, la población española apenas crecerá 1,2 millones en los próximos diez años, una cifra bastante inferior a la registrada en la última década, 5,9 millones.
Es más, algunas provincias, incluso, no sólo no aumentarán sus habitantes, sino que la previsión es que los pierdan. Uno de los casos más significativos es el de Barcelona, que perdería 21.000 personas; Asturias, más de 34.000; Lugo, 23.100; Ourense, 22.700; o León, cuya población se reduciría en 12.000 habitantes.
Tenerife, la que más cae
Por islas, y según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la isla de Tenerife será la que más habitantes perderá en los próximos años, unos 107.000, seguida de Gran Canaria, cuyo descenso se situará en torno a los 83.300.
En el resto de islas el descenso será algo más moderado. Así, Lanzarote perderá unos 30.000 habitantes, Fuerteventura, casi 24.000 y La Palma unos 8.500. La caída en El Hierro y La Gomera se situará en unas 2.000 y 4.000 personas, respectivamente.
En este sentido, y al margen de la advertencia lanzada por el ex presidente regional, Jerónimo Saavedra, existe una vieja idea de Coalición Canaria (CC), retomada hace pocos meses por el presidente canario, Paulino Rivero, de controlar la población de las Islas, una aspiración que podría no ser necesaria si se mantienen los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística.
Rivero aseguró en su intervención ante la Convención de CC de Tenerife, a principios de noviembre, que "los canarios tenemos que modular el control de la población que vive en Canarias".
El jefe del Ejecutivo regional recordó que la Comisión Europea, instada por la anterior comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, ha encargado un estudio sobre la capacidad real de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) para poder mantener un desarrollo sostenible en relación con su población.
Este estudio, que estará terminado el próximo mayo, servirá para que se establezca un límite de población para las Islas, dijo Rivero, para quien "éste tiene que ser el siguiente hito", tras la consecución del reconocimiento del mar archipielágico y las competencias en políticas activas de empleo o inspección de trabajo, dos aspectos que, a su juicio, colocan a Canarias en la vanguardia autonómica.